Entre noviembre de 2023 y junio de este año la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) perdió 1.855 empleados (el 23% del total): 103 de ellos en el primer semestre de este año, según el último reporte de dotación de la administración pública del Indec. La compañía, que puso en venta el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional –el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria–, provee servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para 15 millones de personas. Llega a la privatización (con un plazo para la presentación de propuestas el 27 de agosto) con un superávit económico neto de $ 237 mil millones y con una reducción de las transferencias del Tesoro, según datos de misma la compañía: “pasaron de $ 1.310 mil millones en 2023, a valores constantes, a apenas $ 37 mil millones en todo 2025”.
Durante el primer semestre de este año, de acuerdo con el seguimiento que hace la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), no recibió dinero en subsidios para gastos operativos del Estado nacional, “replicando el comportamiento observado en el primer semestre de 2025”.
Pero llega a esta instancia, además, asesorada por la empresa estatal israelí Mekorot, que intervino como consultora de la empresa argentina en aspectos vinculados a costos, tarifas y gestión en el periodo de preparación de la licitación. Se trata de una sociedad cuyo historial no es nuevo en el país y trasciende la administración actual: desde 2022 ha firmado sucesivos convenios con provincias para la elaboración de sus planes maestros del agua, con datos sobre los recursos y las proyecciones de aquí a 30 años. Es eso lo que ambientalistas, especialistas e integrantes de la campaña “Fuera Mekorot” cuestionan: que una empresa extranjera se haya ocupado de elaborar un diagnóstico con información tan sensible para el país. “En el territorio hay organismos públicos o universidades e institutos que podrían haber hecho ese mismo trabajo con más reservas en términos de soberanía sin pagarles tanto dinero”, comentó Silvia Ferreyra, integrante de la campaña, en diálogo con PERFIL. De la reconstrucción en base a pedidos de acceso a la información pública lograron obtener datos sobre los costos de estos servicios de sistematización de la información en dos casos: Catamarca y Río Negro, con un valor estimado de 1,1 y 1,5 millones de dólares.
En comunicación con PERFIL, y hasta la publicación de esta nota, desde AySA no brindaron información sobre los montos abonados a Mekorot por su asesoría que por contrato duró un año y terminó a finales de 2025. En cambio, sugirieron que esa información podía buscarse en las actas de directorio (PERFIL las revisó y ese monto no figura) o solicitarle la información a Mekorot, ya que “no disponían de acceso al contrato” (la empresa israelí todavía no respondió al correo enviado por este medio). Sí aclararon que Mekorot no puede participar de la licitación porque es una empresa estatal. El rumor había surgido en 2025 alentado por el propio Gobierno. Javier Lanari, entonces secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, compartió el 23 de julio una placa que anunciaba el supuesto interés de Mekorot en comprar AySA con una leyenda que decía: “Se acabaron las empresas públicas deficitarias al servicio de la casta política”. El director de proyectos especiales de la estatal israelí, Diego Berger, lo desmintió en una entrevista con El Destape. Pero también reconoció algo que hasta ese momento no se sabía: que Mekorot asesoraba a AySA.
Desde AySA agregaron que el convenio se firmó con el objetivo de establecer “lineamientos estratégicos” para “alcanzar un uso sostenible de los recursos y adquirir las capacidades necesarias para una gestión eficiente”. La campaña Fuera Mekorot compartió con PERFIL una copia de ese contrato, obtenido por pedido de acceso a la información, en el que aparecen tachados datos como el monto a pagar, el esquema bajo el cual Mekorot brindará los servicios contratados, el nombre del firmante por la parte israelí y lo que incluye el servicio de consultoría. El argumento de AySA es que esta información podría “entorpecer” el proceso de privatización.
Lo que sí figura en el contrato es que AySA le encomienda a Mekorot su asesoría y servicios de consultoría orientados a mejorar las capacidades de una “gestión sustentable de la empresa”. Entre los puntos que se mencionan están los de analizar y proponer una estructura de costos e identificar oportunidades de mejora y reducción y “asesorar en el plan de medición a usuarios y en una propuesta tarifaria para mejorar los ingresos”.
Aunque esas recomendaciones no son de conocimiento público, en el periodo en el que duró ese contrato AySA comenzó a dar pasos en esa línea: el 22 de julio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial un cambio en el marco regulatorio de la compañía que otorgaba, en el artículo 81, la facultad a la concesionaria de cortar el servicio público ante retrasos en el pago de las facturas. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, las tarifas por el servicio de agua potable aumentaron un 525%.
Otro detalle es el de la cláusula de arbitraje: tanto los contratos con las provincias como el de AySA establecen que ante un conflicto de intereses se recurrirá a un arbitraje externo. En el caso de AySA “se recurrirá a un árbitro único de Estados Unidos de Norteamérica conforme al Reglamento de Arbitrajes de la Cámara de Comercio”. Gabriela Alliendes es abogada y adscripta a la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Cuyo y explicó a PERFIL que “las partes pueden elegir la jurisdicción y el derecho aplicable. Es decir, se puede elegir tanto a jueces o árbitros para dirimir la controversia”. Si bien este tipo de cláusulas son comunes y está dentro de lo que puede esperarse, “en este caso la elección de la sede del arbitraje podría ser neutral a ambos países, como Francia o Suiza”. Lo que llamó especialmente la atención de la abogada es lo que considera, según sus palabras, una omisión innecesaria y riesgosa. “AySA no especifica de manera expresa qué legislación y reglamentación regirán la prestación del servicio. Si bien es evidente que, por tratarse de una obra que se ejecuta íntegramente en nuestro país, el derecho aplicable en materia laboral, ambiental, de seguridad e impositiva debería ser el nuestro, deja esa definición para después”. Y concluyó: “La seguridad jurídica exige claridad desde el origen; diferir esta definición para una instancia posterior abre un margen de discrecionalidad interpretativa que podría ser aprovechado en perjuicio del interés estatal”.
En términos económicos, una de las principales críticas de la campaña Fuera Mekorot, que desde hace años estudia y da seguimiento a las acciones de la empresa en el país, es que su enfoque trata al agua como una mercancía. “Con esa mirada llevan adelante la gestión en Israel y la trasladan a todos los territorios a los que van”, explicó Ferreyra. “Su lema es que la gente cuida el agua si paga un alto precio por eso”, sintetizó.
Sobre el tema, Berger comentó en la entrevista citada que su idea no es privatizadora, que AySA tiene buenos profesionales pero que “la gente no le da el valor que tiene el agua y la derrocha”. “¿Y si no pagás la luz? ¿Qué va a pasar?”, se preguntó. “Te la van a cortar. Y es tan vital como el agua”.
