El Gobierno lanzó otra etapa del programa de privatizaciones que lleva adelante y que ya tiene como grandes casos a dos referentes del mundo energético como IMPSA y Transener, pero ahora avanzará sobre Aysa, la primera empresa de servicios públicos que pasará a manos privadas en la era Milei.
Tal como anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, este viernes se hará público el llamado a licitación del 90% de las acciones que hoy están en poder del Estado, en tanto que el 10% continuará en manos de los empleados. Según los plazos oficiales, esta primera etapa finalizará el 27 de agosto próximo. El Gobierno pretende sumar unos US$ 500 millones con esta operación.
Con este movimiento el Estado dejará de ejercer la opeación directa del servicio –que ahora estará a cargo de un privado pero bajo regulación y control estatal-, aunque al hacerse con el formato de una licitación a 30 años, el recurso, la infraestructura y los activos estratégicos permanecerán bajo propiedad estatal.
El proceso estará abierto tanto para empresas nacionales como internacionales, y el Gobierno priorizará que quienes avancen cuenten ya con experiencia en la prestación de servicios afines a los que se dedica Aysa.
La próxima empresa a la que llegará la ola privatizadora es Intercargo, la empresa que opera los sevicios de rampa y mangas en los aeropuertos del país, y que hoy maneja casi la totalidad del negocio. En este caso el Gobierno apunta a la venta del 100% del paquete accionario, una operación que tendrá una base de US$ 45 millones.
El plazo para la presentación de ofertas vence el 10 de junio próximo y, según pudo saber Clarín, hasta el momento habría tres interesados nacionales que se anotaron en la carrera, aunque hay un cuarto que llegaría del exterior y que ya comenzó a construir algunos caminos para oficializar sus intenciones sobre la fecha de cierre pautada.
El otro sector que verá movimientos es el de las rutas. Se acaba de avanzar sobre la licitación de 2.500 kilómetros en los próximos meses, que abarcarán las rutas nacionales 7 y 35 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis, y trayectos dentro de Córdoba); 8, 36, 193 y A-0059 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis); 9, 33 y A-008 (Buenos Aires hasta Santa Fe); y 188 (Buenos Aires hasta La Pampa), para los que hubo 41 ofertas de 17 competidores, entre los cuales aparecieron pesos pesado de la industria.
Ahora, la intención oficial es seguir avanzando de forma progresiva con el resto de los corredores bajo órbita de Corredores Viales, hasta completar un esquema cercano a los 9.000 km concesionados.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Clarín, los próximos apuntados serían tramos estratégicos de las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 14, 19, 33 y 34, entre otros, divididos por regiones (Cuyo, Centro, Litoral, NOA y Mesopotamia). La condición central que pondrá Nación en estos casos será la misma que la de los tramos sobre los que ya se avanzó: las concesiones se deberán sostener íntegramente con peaje y financiamiento privado, al tiempo que se impondrán contratos más exigentes en cuanto al mantenimiento y las obras a ejecutar.
Con estas privatizaciones también se busca transferir el riesgo operativo al concesionario y acelerar inversiones que hoy Vialidad y Corredores Viales no están financiando.
Aunque por el momento con menos avances y precisiones sobre el proceso, el segmento energético, es el que promete mostrar más avances. El Gobierno apunta a continuar el proceso privatizador con las termoeléctricas y las hidroeléctrica que todavía permanecen en manos del Estado, un camino que también seguirán otros activos que hoy forman parte de Enarsa.
Del otro lado aparecen los casos de las empresas estatales que no van a mostrar avances en su camino hacia la privatización. Uno de los más emblemáticos es el de Aerolíneas Argentinas. El Gobierno requiere del visto bueno del Congreso para hacerlo, pero sabe que hoy esa opción no sería tan viable. La única variante que podría quedar flotando –aunque hoy no corre con grandes chances- es la de cerrar algún tipo de asociación con alguna aérea que le permita hacerse de lado al Estado, aunque sin perder el activo.
La pausa en la privatización de Aerolíneas, además, tiene que ver con los tiempos políticos. Hoy el Gobierno considera que no es momento para mover esta ficha, algo similar a lo que ocurre con otro peso pesado como es el Correo Argentino.
Otro de los ejes privatizadores pasa por los trenes. Hoy el único foco prendido en este segmento es el del Belgrano Cargas, una de las principales redes del país utilizada especialmente para el transporte de granos desde el norte hacia los puertos del Gran Rosario, y por el que ya se sabe que hay interés de un pool de agroexportadoras (AGD, Bunge, Cargill) y Grupo México Transportes. La intención es ofrecer una concesión por 50 años, durante los cuales los privados que operen la red deberán gestionar el sistema ferroviario de cargas.
Con esto, por el momento, queda descartada la posibilidad de que se avance en lo inmediato con la privatización de Trenes Argentinos, que opera las líneas de pasajeros Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur.
