A 13 años de que estalló el llamado “Narcoescándalo”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Rafael Sosa y los expolicías. Sin embargo, las penas no serán ejecutadas porque hay planteos de prescripción de las defensas que están en trámite.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisibles las quejas presentadas por los abogados de los policías, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esta manera, quedaron firmes las condenas dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal.
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La investigación fue una de las más resonantes de la década pasada en la provincia. Reveló el funcionamiento de una estructura ilegal dentro de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. Según la Justicia, el grupo utilizaba informantes, agentes de identidad reservada e incluso agentes provocadores para generar procedimientos basados en información falsa.
El caso impactó en la política provincial. El entonces gobernador José Manuel de la Sota disolvió el organismo policial y se creó, por ley, la Fuerza Policial Antinarcotráfico dependiente ya no de la policía administrativa sino de la Fiscalía General.
A partir de esos operativos, los policías extorsionaban a delincuentes o a sus familiares y se apropiaban de estupefacientes y otros elementos de valor obtenidos en los allanamientos.
El caso salió a la luz en 2013 a partir de las denuncias realizadas por Juan “el Francés” Viarnes, señalado como un “agente encubierto” ilegal. Se trata de un personaje multifacético, pirata del asfalto y estafador que usó múltiples identidades y credenciales apócrifas. Aquel año él confesó haber sido soplón de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. Fue asesinado, recientemente, en enero de este año en la provincia de Buenos Aires.
Un largo derrotero judicial
En un primer juicio oral realizado en 2016, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba absolvió a los policías Rafael Sosa, Gustavo Julio “Huevo” González —quien actualmente se identifica como Lourdes Milagros González—, Alfredo Damián Seine, Fabián Peralta Dáttoli y Franco Sebastián Argüello del delito de asociación ilícita. Sin embargo, sí los condenó por violación de los deberes de funcionario público y, en el caso de Argüello, también por extorsión.
El Ministerio Público Fiscal apeló esas absoluciones. En 2019, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente el fallo y condenó a todos los acusados por asociación ilícita, además de confirmar los demás delitos.
Posteriormente, otra sala de Casación ratificó en 2025 las condenas y sostuvo que existió una organización criminal integrada por miembros de la fuerza antidrogas cordobesa. En esa resolución se determinó que Rafael Sosa, entonces jefe de Lucha contra el Narcotráfico, lideraba la banda; mientras que González, responsable de Inteligencia; Seine, jefe de Investigaciones; Peralta Dáttoli, sargento; y Argüello, oficial inspector, formaban parte de la estructura.
Las penas confirmadas fueron de nueve años de prisión para Sosa; ocho años para Argüello; y tres años y seis meses para Seine y Peralta Dáttoli. En tanto, a González se le redujo la condena de cuatro años de prisión a tres años de ejecución condicional.
Si bien las condenas efectivas quedaron firmes no se ejecutarán, según aclararon los abogados defensores de quienes recibieron mayor condena. Explicaron que el delito de violación de los deberes de funcionario público está prescripto.
