Adriana Fiori en Radio Republica
Los magistrados y operadores del fuero civil de la provincia buscan agilizar los tiempos de la justicia ante el incremento de causas por morosidad. Con el objetivo de unificar criterios y establecer canales de comunicación más rápidos, el Poder Judicial convocó a mesas de trabajo colectivas para avanzar en un protocolo de actuación en los procesos de desalojo por falta de pago e intrusión.
La jueza en lo Civil y Comercial de Posadas, Adriana Fiori, explicó que la iniciativa busca llevar a terreno una política institucional que simplifique las tareas cotidianas de los operadores internos y externos. “Se trata de llevar a terreno algo que es parte de la política institucional del Poder Judicial que es el trabajo articulado entre los operadores internos y los operadores externos para simplificar el trabajo”.
La magistrada señaló que los jueces civiles enfrentan un escenario complejo cuando ya existe una sentencia firme que debe ejecutarse para devolver el inmueble a su propietario. En ese punto de inflexión, la justicia debe equilibrar las garantías de quienes recuperan su patrimonio con las necesidades de los sectores más desprotegidos.
Para la jueza, la mirada social resulta indispensable al momento de aplicar la ley: “El Poder Judicial al momento de ejecutar los desalojos no solamente debe tener en cuenta ese derecho que fue reconocido en ese proceso específico, sino que también ser consciente de que muchas veces las familias que deben ser desalojadas son familias que están en situaciones de vulnerabilidad”.
Según detalló, este escenario activa de manera inmediata las obligaciones estatales de asistencia y protección de los derechos humanos.
El impacto de la crisis
El contexto económico actual repercute de manera directa en los tribunales locales, donde se registra un incremento sostenido de expedientes vinculados a deudas y falta de pago de alquileres. Fiori confirmó esta tendencia y advirtió que la conflictividad social se traslada a los despachos de los magistrados ante la imposibilidad de resolver las diferencias de forma particular.
“Ha aumentado la litigiosidad no solamente en desalojos sino también en otro tipo de procesos, hablando del foro civil y comercial, como son los procesos ejecutivos, como son los concursos preventivos. El Poder Judicial es, en definitiva, al que llegan aquellos conflictos que no pudieron resolverse previamente en la sociedad”, destacó.
Frente a las situaciones de falta de pago, la magistrada aclaró que el temperamento judicial no sufrió modificaciones en las etapas previas a la sentencia, ya que se rige por las normas procesales vigentes que garantizan la defensa de ambas partes. El verdadero desafío surge al ejecutar la orden de lanzamiento.
“Básicamente no hay un cambio de temperamento o estas reuniones que por ahí motivan esta comunicación no tienen que ver con un temperamento a la hora de tramitar el proceso desde el inicio sino con cómo ejecutamos sentencias de desalojo que reconocen el derecho de desalojar y que se encuentran firmes”, diferenció Fiori.
Coordinación entre organismos del Estado
La intención de formalizar un protocolo apunta a ordenar la intervención de las distintas áreas del Estado provincial y municipal que tienen competencia en la asistencia social. Los jueces buscan que estas dependencias actúen de manera preventiva y coordinada para evitar que el desalojo derive en situaciones de desamparo habitacional o familiar.
Fiori destacó la amplia convocatoria del último encuentro y la importancia de que los magistrados conozcan de cerca las herramientas de asistencia disponibles: “Los jueces y juezas, hablo al menos desde este lugar, no solamente tomamos decisiones mediante el ejercicio técnico de nuestra función y nuestra profesión sino que necesariamente tenemos que estar empapados de las realidades”.
De esta manera, la magistrada remarcó que las situaciones detectadas durante un desalojo suelen requerir un abordaje integral que excede el marco del expediente civil: “Se encuentran con un montón de situaciones que terminan después disparando otro tipo de procesos, otro tipo de cuestiones que no son y no deben ser resueltos dentro del desalojo pero que tal vez activan la intervención de una defensoría, la intervención de un juzgado de familia”.
