La detención de un asesor del peronista Ramón “Cañito” Flores en una causa judicial de extrema gravedad que sacude al norte cordobés volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de selección y control de quienes trabajan en el Poder Legislativo.
En ese escenario, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) busca reflotar un proyecto “cajoneado” que propone reemplazar el actual registro provincial de antecedentes por el sistema nacional y ampliar la información disponible sobre personas que ingresan al Estado.
La iniciativa amarilla cobró nuevo impulso político después de que la Secretaría Administrativa de la Unicameral dispusiera la actualización y verificación de documentación en los legajos personales de todo el universo de funcionarios que integran el Poder Legislativo.
La medida establece que, además del Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, deberá presentarse el certificado expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba. El nuevo mecanismo incorpora, además, una periodicidad concreta: ambos certificados deberán actualizarse cada seis meses.
Sin embargo, para el legislador del PRO el mecanismo dispuesto por la Unicameral no resuelve el problema de fondo. “Ahora piden a todos los empleados de la Legislatura certificado de antecedentes. Pero en ese certificado no va a salir si hay imputaciones y podemos caer en la misma situación que el caso Claudio Barrelier en la Municipalidad”, advirtió Agost Carreño.
Córdoba buscará bajar la imputabilidad a los 14 años y dar más rol a las víctimas
El caso Villarreal y el antecedente Barrelier
La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor que había sido contratado por el legislador Flores del bloque oficialista, volvió a instalar la discusión sobre los mecanismos de contratación, control y seguimiento de los asesores legislativos.
Villarreal está detenido en la cárcel de Cruz del Eje e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en una investigación por hechos que habrían afectado a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. Al conocerse su arresto, Flores y el bloque pronista resolvieron dar de baja su contrato.
El episodio se suma al caso de Claudio Barrelier, que había generado cuestionamientos sobre los controles de antecedentes en el ámbito municipal. Para Agost Carreño, ambos episodios exhiben una misma falla: la ausencia de un sistema que permita conocer no sólo condenas o antecedentes penales firmes, sino también la existencia de imputaciones y causas judiciales en trámite.
“Hace meses presenté un proyecto de ley para derogar el registro provincial, usar el sistema nacional y que allí los fiscales y jueces deban cargar imputaciones, elevaciones a juicio y condenas”, indicó.
Una única base y más información
El proyecto de Agost Carreño propone la sustitución integral de la norma provincial 8.691 y el reemplazo del actual registro por un régimen articulado con el Registro Nacional de Reincidencia, creado por la ley nacional 22.117.
De este modo se busca concentrar la información y garantizar su interoperabilidad con el sistema nacional, con acceso inmediato a los datos relevantes para el funcionamiento del sistema de justicia penal.
La iniciativa plantea que la información sobre antecedentes penales esté disponible de manera inmediata, continua y segura para las autoridades judiciales, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y los demás organismos legalmente habilitados. De esta manera, busca facilitar el control judicial, el derecho de defensa y la toma de decisiones procesales.
Sin embargo, el eje político del proyecto está puesto en ampliar el universo de información que actualmente surge de los certificados de antecedentes. La propuesta apunta a que también queden registradas de manera sistemática las imputaciones y las elevaciones a juicio, además de las condenas. En la Ciudad de Buenos Aires se asientan hasta las contravenciones.
Según el planteo de Agost Carreño, la dispersión de información entre distintos registros genera demoras y vacíos que dificultan el acceso oportuno a datos relevantes. Su proyecto busca avanzar, en cambio, hacia una base integrada que permita consultar esa información de manera más rápida.
El legislador sostiene, además, que la utilización del sistema nacional permitiría reducir costos para la Provincia. “Para la provincia es gratis y se ahorra recursos que pueden salir a patrullar”, argumentó.
Un asesor del PJ detenido vuelve a poner bajo la lupa las contrataciones en la Unicameral
Cambiar el sistema
El debate abierto por Villarreal vuelve a colocar la lupa sobre los mecanismos de contratación de asesores, pero también sobre un problema más amplio: qué información debe estar disponible cuando una persona pretende ingresar a trabajar en el Estado.
Según Agost Carreño, limitar el control a un certificado de antecedentes penales puede resultar insuficiente si las imputaciones o las causas en trámite no aparecen reflejadas.
“Así, para entrar a trabajar al Estado o una empresa, no se escapa ningún antecedente penal”, planteó el legislador, al defender la necesidad de modificar el esquema vigente.
La discusión, de este modo, vuelve a poner sobre la mesa un proyecto que permanecía sin tratamiento y que ahora adquiere una nueva dimensión política. La Legislatura ya respondió al caso Villarreal con una actualización de los controles sobre sus funcionarios. El PRO busca que esa reacción derive en una reforma estructural del sistema.
“Basta de atajos, cambiemos el sistema por uno que funcione de verdad”, enfatizó el jefe de la bancada PRO en la Unicameral cordobesa.
