La Cámara Federal redujo drásticamente el embargo que había impuesto el juez federal Sebastián Casanello sobre los bienes de los acusados de administrar un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de un bar y boliche frente al cementerio de Recoleta. La medida, que en junio había sido fijada en $5.000 millones, quedó ahora establecida en $33 millones.
Según informó La Nación, la decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. El tribunal consideró que el monto establecido inicialmente no estaba suficientemente fundamentado y que no correspondía atribuir a todos los imputados, de manera solidaria, las ganancias estimadas de toda la actividad.
La causa tomó estado público en marzo, cuando Casanello procesó a nueve hombres acusados de trata de personas y de explotar sexualmente a unas 50 mujeres, algunas de ellas menores de edad. La investigación había comenzado en abril de 2022 a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 145 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Quiénes formaban la banda que explotaba mujeres en un prostíbulo
El establecimiento, identificado como D’Lirio, habría manejado importantes sumas de dinero. De acuerdo con la investigación, por sus cuentas bancarias circularon más de $1.500 millones. Sin embargo, los investigadores sostuvieron que ese movimiento representaba solamente una parte de la recaudación, ya que buena parte de los pagos se realizaban en efectivo, tanto en pesos como en dólares. Entre los clientes había también turistas extranjeros.
La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, quien además comparte la conducción de la Protex con el fiscal Marcelo Colombo.
Al momento de procesar a los acusados, Casanello había considerado que el funcionamiento del establecimiento se apoyaba en la situación de vulnerabilidad económica de las mujeres. Según la resolución judicial, recibían entre $7.000 y $20.000 por noche, una suma que en algunos casos ni siquiera alcanzaba para cubrir los gastos de traslado. El esquema, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, las llevaba a depender de las propinas y de encuentros sexuales para incrementar sus ingresos.
El embargo de $5.000 millones había sido establecido después de que la Justicia analizara distintas fuentes de ingresos vinculadas con el local. Entre ellas se encontraban la recaudación, los movimientos bancarios, el dinero encontrado durante el allanamiento y los llamados “pases sexuales”.
Para justificar el monto, Casanello había calculado que el establecimiento podía recaudar alrededor de $4,3 millones diarios solamente por entradas y mesas. Proyectada esa cifra sobre 825 días, la estimación judicial alcanzaba los $3.547,5 millones. A eso se sumaban los movimientos registrados en las cuentas bancarias y los $2.290.500 encontrados en efectivo durante el procedimiento.
Con esos elementos, el juez había considerado que existían fundamentos suficientes para disponer una medida cautelar patrimonial de gran magnitud y preservar eventuales bienes destinados a la reparación de las víctimas.
Sin embargo, las defensas de los acusados apelaron la decisión y cuestionaron tanto el monto como el criterio utilizado para calcularlo. Argumentaron que se había tomado como base una explotación económica de la prostitución que, según sostuvieron, todavía no estaba acreditada judicialmente. También señalaron que no se habían descontado los gastos operativos del negocio ni analizado de manera individual la situación de cada imputado, su participación y la eventual porción de las ganancias que habría recibido.
Los camaristas Boico y Farah hicieron lugar a esos planteos. En su resolución, recordaron que en una intervención anterior la propia Sala había modificado provisoriamente la calificación jurídica del caso y encuadrado la conducta investigada en el artículo 125 bis del Código Penal.
Para los jueces, la investigación permitía sostener que los acusados habían realizado aportes considerados necesarios para el funcionamiento del establecimiento, entre ellos facilitar el espacio físico donde se ejercía la prostitución. También se había establecido que las mujeres debían avisar o pedir autorización antes de retirarse con un cliente.
Sin embargo, la Cámara destacó un punto central: hasta el momento no había pruebas suficientes para afirmar que los responsables del lugar se quedaran con un porcentaje del dinero obtenido por las mujeres. Por esa razón, entendió que no podía utilizarse como base del embargo la totalidad de las ganancias que Casanello había atribuido a una estructura de explotación sexual.
Con este nuevo criterio, el embargo quedó reducido a $33 millones: $5 millones para cada uno de los cinco procesados considerados autores y $2 millones para cada uno de los acusados como partícipes.
La decisión no implica el cierre de la causa ni modifica de manera definitiva la situación procesal de los imputados. Se trata de una medida cautelar patrimonial que podrá ser revisada nuevamente a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.
fl/ff
