La cifra implica una aceleración respecto de los períodos anteriores: considerando los días hábiles transcurridos hasta esa fecha, se abrió más de un trámite por jornada. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el número de solicitudes llegó al menos a 448: fueron 131 en 2024, 164 en 2025 y otras 153 hasta el 23 de julio de este año.
La evolución contrasta con los registros de años anteriores. En 2015 se habían presentado 33 solicitudes; en 2016, 55; en 2017, 63; en 2018, 153 y en 2019, 184. Los números actuales se acercan así a los niveles registrados durante la crisis cambiaria de la gestión de Mauricio Macri.
Durante la pandemia, en cambio, los pedidos se redujeron de manera marcada: fueron 26 en 2020, 24 en 2021, 43 en 2022 y 42 en 2023, en un contexto de medidas estatales destinadas a sostener empresas y puestos de trabajo.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia de negociación obligatoria que las empresas deben iniciar ante la Secretaría de Trabajo cuando pretenden avanzar con despidos o suspensiones masivas por razones económicas o de fuerza mayor. El mecanismo busca reunir a empresas, sindicatos y Estado para evaluar alternativas que permitan evitar la pérdida de puestos de trabajo, como reducciones de jornada, adelanto de vacaciones o planes de retiro.
Un mercado laboral que sigue perdiendo puestos
El incremento de los procedimientos se da en paralelo con una reducción del universo de empresas y del empleo registrado. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en mayo se perdieron 2.371 unidades productivas, una baja del 0,49% respecto del total. En los últimos tres años desaparecieron más de 30.000 empresas.
El empleo registrado también mostró un nuevo retroceso. Durante mayo, 6.791 trabajadores perdieron sus puestos. Desde noviembre de 2023, la caída neta de asalariados registrados supera los 337.300 y ya son 13 los meses consecutivos de descenso, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, el aumento de los casos refleja los límites del mecanismo de negociación. Según explicó, el volumen de procedimientos muestra que “el diálogo social está dando el máximo” en un escenario de cierre de empresas, menor actividad, baja contratación y desvinculaciones.
El especialista también consideró que el sistema resulta limitado frente a una crisis extendida a distintos sectores de la economía y el mercado laboral.
El panorama se complicó aún más durante la última semana, con anuncios de cierres y despidos en distintas provincias. Entre los casos aparecen una empresa alimenticia que cerró una planta en Mendoza, Granja Tres Arroyos, que desvinculó a 250 trabajadores en Entre Ríos, un frigorífico de Mar del Plata, una empresa electrónica de Tierra del Fuego y una firma textil de Catamarca.
Para junio tampoco aparecen señales de recuperación. La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a mostrar una variación negativa y resta conocer si el próximo informe del SIPA confirmará esa tendencia.
La información que el Gobierno no entregó
El pedido de acceso a la información pública también incluía consultas sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por los procedimientos, los sectores con mayor cantidad de empresas en crisis, la distribución territorial de los casos y el número de despidos o suspensiones acordados en cada expediente.
La Secretaría de Trabajo no proporcionó esos datos. Para justificar la respuesta parcial, invocó el artículo 5 de la Ley 27.275, que establece que los organismos no están obligados a revisar individualmente expedientes ni a reprocesar o reclasificar información.
La falta de esos datos impide conocer con mayor precisión el alcance de los procedimientos y cuántos trabajadores están involucrados. El volumen registrado durante los primeros siete meses de 2026, sin embargo, ya supera al total acumulado durante los cuatro años de la administración anterior.
El crecimiento de los procedimientos preventivos se suma así a la caída de empresas y del empleo registrado, en un escenario en el que el mercado laboral privado todavía no muestra señales claras de haber alcanzado un piso.
