Hugo Alconada Mon, en su libro “La raíz de todos los males”, sostiene que “la corrupción en Argentina no es un problema de individuos aislados, sino un sistema estructural de poder diseñado para enriquecer a un círculo privilegiado y garantizar su total impunidad”.
Se trata de una descripción clara y puntual de un mal endémico que azota al país desde hace décadas. El autor detalla cómo se sostiene ese entramado de complicidades que involucra a políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, servicios de inteligencia e, incluso, dueños de medios de comunicación.
Alconada Mon pone en palabras lo que gran parte de la sociedad percibe, cree, sospecha y, en muchos casos, comprueba con hechos concretos. Además, describe una cuestión no menor: “La sociedad argentina es, en parte, responsable al tolerar, normalizar e incluso premiar socialmente a los corruptos”.
Coincido absolutamente y sostengo que la Argentina sufre el “Síndrome de Estocolmo”, esa enfermiza veneración por sus verdugos. Una sociedad que siente por ellos admiración, fascinación y les delega su poder soberano: los vota. Nuestro sistema político representativo, republicano y federal impone la independencia de los poderes. ¿Se cumple esa premisa constitucional? Definitivamente, no.
Poder político y justicia
Veamos. Nadie puede desconocer que el Congreso de la Nación actúa como un “facilitador de las políticas presidenciales” cuando el oficialismo tiene mayoría o cuando negocia con los gobernadores mediante el canje de favores —compra de votos, pases de bloque o ausencias injustificadas— y, por el contrario, funciona como un “negador y paralizador” de la actividad parlamentaria cuando la oposición logra imponerse. Triste, pero real. Así funciona.
Pero hay algo aún peor. El Poder Judicial, que debería actuar con absoluta independencia porque es el garante de que nuestros derechos sean respetados, de que los delitos sean castigados y de que quienes infringen la ley reciban una sanción, en nuestro país muchas veces termina siendo una ficción.
La creciente y preocupante colonización del poder político sobre la Justicia la convierte en una subordinada útil y servil. Obviamente, me refiero en términos generales y no absolutos, pero el lector sabrá interpretar lo que pretendo decir, especialmente si observa el funcionamiento tanto de la Justicia federal como de la ordinaria. Puede sonar ofensiva esta apreciación. Sin embargo, cuando el Poder Judicial pierde independencia, quien pierde verdaderamente es la ciudadanía.
Las instituciones creadas para garantizar esa independencia fueron diseñadas, paradójicamente, por el propio poder político de manera tal que esa autonomía nunca termine de consolidarse. Hecha la ley para conformar al pueblo y hecha la trampa para someter a la Justicia.
El Consejo de la Magistratura, creado para garantizar la idoneidad técnica y la independencia de los magistrados, termina convirtiéndose en una formidable herramienta política para designar jueces afines. No sólo lo integran legisladores oficialistas y opositores; también muchos representantes de la academia y de los colegios de abogados terminan respondiendo, directa o indirectamente, al poder de turno.
Los concursos, en el foco
Otra práctica difícil de justificar aparece durante los concursos. Los exámenes escritos pueden reflejar una sólida capacidad técnica, pero luego ese puntaje se modifica significativamente durante la entrevista personal. O sucede exactamente lo contrario.
Es sabido que aspirantes con calificaciones técnicas muy bajas logran luego resultados extraordinarios en las entrevistas y acceden sin dificultades a las ternas. En las últimas evaluaciones, dos postulantes que habían obtenido ubicaciones muy relegadas —23° y 26° lugar— consiguieron, de manera llamativa, puntuaciones sobresalientes en esa instancia final. Un verdadero espanto.
A ello se suma otra cuestión preocupante: el Decreto Nacional 467/2026 eliminó o redujo distintos mecanismos de control previo mediante los cuales universidades, colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil podían formular observaciones o impugnaciones antes de los nombramientos.
Si miramos hacia las provincias, encontramos situaciones similares. Integrantes de los máximos tribunales provinciales fueron, hasta poco tiempo antes, funcionarios e incluso ministros de los gobiernos que luego terminaron designándolos. También es la política la que, muchas veces, termina definiendo el rumbo de un Jury de Enjuiciamiento.
Por otra parte, el presupuesto asignado al Poder Judicial —salvo en materia salarial— suele resultar insuficiente. Edificios deteriorados, oficinas incómodas, vacantes que no se cubren y una infraestructura deficiente conviven con otra práctica aún más grave: la manipulación de los sorteos de causas, que termina permitiendo que los expedientes más sensibles recaigan siempre en los despachos de determinados jueces.
El poder político no necesita controlar a toda la Justicia. Le alcanza con tener influencia sobre un reducido grupo de magistrados ubicados estratégicamente en fueros clave, como el federal o el contencioso administrativo.
Esa connivencia entre política y Justicia permite que la corrupción descripta por Alconada Mon encuentre el terreno ideal para expandirse de manera cada vez más obscena. Porque es la impunidad la que facilita, protege y promueve la corrupción. La impunidad es, entonces, “el huevo de la serpiente” en la Argentina. Y aquí me permito una asociación que algunos podrán considerar exagerada. Me refiero a la película “El huevo de la serpiente”, de Ingmar Bergman, donde el director describe magistralmente cómo comienzan a gestarse los regímenes totalitarios y las desviaciones de los sistemas republicanos.
Hacia el final del film, el científico Hans Vergèrus pronuncia una frase que resume toda la tesis de Bergman: “Es como el huevo de una serpiente; a través de la fina membrana puede distinguirse perfectamente el reptil ya formado”.
La advertencia resulta tan vigente como inquietante. Nos interpela sobre la necesidad de modificar el rumbo antes de que ese huevo termine de incubarse. Porque una sociedad profundamente fracturada, desesperanzada y atravesada por la frustración puede terminar avanzando hacia cualquier destino. Incluso hacia aquellos de los que luego resulte imposible regresar.
(*) Profesora. Diputada Nacional (MC)
