Tras la demanda presentada por la firma LWK Ingeniería y Servicios SA (conocida comercialmente como Landwork contra la Municipalidad de La Calera, el asesor letrado del municipio brindó la versión oficial sobre el conflicto en el barrio Cuesta Colorada.
El abogado Agustín Anglada Allende explicó que la empresa se encuentra en una situación irregular, ocupando una superficie mayor a la declarada y desoyendo normativas ambientales en una zona de perfil netamente residencial.
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Uso de suelo y falta de habilitación
Según explicó el asesor letrado, el municipio detectó que la firma ocupa “entre nueve y 11 lotes” en un sector estratégico frente al ingreso del exclusivo country Lomas de la Carolina, pero al solicitar la habilitación comercial solo declararon dos de ellos. “Se los emplazó para que acreditaran en calidad de qué tenían el resto de los lotes porque era un requisito para la habilitación, y nunca continuaron el trámite”, señaló el funcionario, remarcando que actualmente la empresa no cuenta con habilitación vigente.
El municipio fundamenta su postura en el perfil de Cuesta Colorada, un barrio que tiene un 95% de viviendas familiares. El asesor defendió la validez del Decreto Reglamentario 70/25 del año pasado, argumentando que la cuestión urbanística es una atribución exclusiva del Departamento Ejecutivo y que no requiere permiso del Concejo Deliberante para reglamentar una ordenanza existente sobre usos prohibidos.
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Denuncia penal por rotura de fajas
Uno de los puntos más críticos del descargo municipal refiere a la clausura del predio realizada a mediados de este año debido a la falta de habilitación. Anglada Allende dijo que la empresa habría tenido una “actitud beligerante”, llegando al extremo de romper las fajas de clausura para reingresar al predio.
“Ellos rompen la faja, entran, y ahí el Juzgado de Faltas tiene la obligación de hacer una denuncia penal por incumplimiento de orden judicial”, confirmó el letrado, detallando que la causa se encuentra radicada en la Unidad Judicial de La Calera.
Impacto ambiental y quejas vecinales
El municipio justificó las restricciones impuestas mediante el decreto señalando que se busca prohibir actividades que afectan el entorno residencial, tales como el acopio de áridos, restos de poda, baños químicos y basura. El asesor mencionó que existen numerosas quejas de los propios vecinos por el impacto ambiental y el tránsito de camiones en la zona.
Finalmente, desde la gestión municipal recalcaron que, a diferencia de LWK, otras seis empresas del sector han iniciado procesos de reordenamiento o traslado, buscando una solución sustentable para la radicación industrial fuera de los cascos residenciales.
