Los diputados nacionales de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal firmaron el dictamen favorable para el proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal. Para destrabar el debate y conseguir el acompañamiento de los bloques aliados, el oficialismo incorporó una restricción explícita que excluye a los funcionarios públicos de los beneficios de la norma, una concesión que el Gobierno consideraba redundante pero que resultó clave para avanzar de cara a la sesión del próximo 26 de agosto.
El plenario de comisiones estuvo conducido de manera conjunta por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch y la diputada Laura Rodríguez Machado. El texto acordado modifica la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley del Registro del Trabajo Rural, y se tratará en el recinto junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El debate estuvo cruzado por el antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, quienes adhirieron al régimen simplificado mientras enfrentaban una investigación judicial, lo que encendió las alarmas de los socios parlamentarios.
Para saldar la discusión, los legisladores redactaron dos artículos específicos. El primero define que la prohibición alcanza a secretarios de Estado, legisladores, magistrados, defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura que hayan desempeñado esos cargos dentro de los cinco años anteriores a la fecha de adhesión. El segundo aclara que estos sujetos solo podrán utilizar el sistema como canal operativo para presentar la declaración jurada de Ganancias, sin acceder a ningún tipo de inmunidad tributaria.
La diputada Rodríguez Machado defendió la modificación durante el plenario: “Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante”. En esa misma línea, la legisladora del bloque oficialista remarcó que se buscó dar una señal de transparencia hacia la sociedad: “No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”.
Alivio fiscal para pymes y productores
Más allá de la disputa política en torno a los cargos del Estado, el proyecto introduce reformas de fondo orientadas a aliviar la situación de los pequeños contribuyentes y del sector productivo. En concreto, el dictamen incorpora una reducción permanente del 25% en las multas formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. El beneficio operará de pleno derecho, sin necesidad de que el contribuyente deba iniciar trámites adicionales ante el organismo recaudador.
Asimismo, la propuesta legislativa mantiene una quita del 50% para las infracciones cometidas con anterioridad que no estén firmes, siempre que el deudor subsane el incumplimiento y se allane. Con el objetivo de aportar mayor previsibilidad, el dictamen también fija criterios objetivos para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no pueda rechazar declaraciones simplificadas de manera arbitraria, limitando las fiscalizaciones a casos donde existan discrepancias significativas superiores al 15% del impuesto determinado.
Rodríguez Machado destacó el espíritu de la reforma y el impacto directo que tendrá sobre la actividad económica de los emprendedores: “Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen”. La legisladora insistió en que el proyecto apunta a simplificar la relación del contribuyente con el fisco: “Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”.
La versión ampliada del régimen elimina además los límites patrimoniales y de ingresos de la norma original, que exigía no superar ingresos anuales por $1.000 millones ni un patrimonio de $10.000 millones. De esta manera, el sistema quedará abierto para todas las personas humanas, con la única excepción de los catalogados como Grandes Contribuyentes Nacionales.
