Huerta Grande declaró la Emergencia Turística Municipal a través de la Ordenanza N.º 1673/2026, con vigencia hasta el 31 de diciembre. Detrás de esa decisión institucional, el intendente Germán Corazza construyó un diagnóstico propio, elaborado mes a mes junto al sector privado, sobre una caída de la recaudación que consideró estructural y no coyuntural.
Corazza planteó que la escala de su municipio le permite mantener un contacto permanente con cabañeros y hoteleros a través de un ente turístico mixto que funciona desde el inicio de su gestión. Según explicó en el programa FORUM, ese vínculo fue lo que anticipó el deterioro del sector: la temporada de verano ya había cerrado con un porcentaje bajo de ocupación, y en julio la caída se profundizó todavía más.
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El intendente sostuvo que la medida busca, ante todo, sostener la infraestructura y el empleo de un sector golpeado, y no representó una decisión improvisada sino la respuesta a una tendencia que el municipio venía monitoreando.
La elección del instrumento fiscal
Corazza detalló que el municipio descartó de entrada tocar la tasa de comercio, porque al tratarse mayormente de monotributistas el descuento hubiera sido insignificante en términos económicos. Por eso optaron por reducir en un 30% la tasa al servicio de la propiedad, que representa un monto mayor para hoteles y cabañas.
El intendente remarcó además que la ordenanza no beneficia únicamente a los prestadores habilitados: quienes operan alojamientos informales y se acerquen a regularizar su situación con el municipio también accederán a un descuento, en su caso del 10%. Para Corazza, esa cláusula persigue un doble objetivo, aliviar al sector que ya cumple con sus obligaciones y, al mismo tiempo, ampliar la base tributaria a mediano plazo.
Una caída que el municipio mide mes a mes
El argumento central del intendente giró en torno al derrumbe sistemático de la coparticipación, que según describió retrocede alrededor de un 3% respecto del mes anterior en cada informe que recibe. Atribuyó ese fenómeno a la baja del consumo y de la recaudación del IVA a nivel nacional, con impacto directo sobre el principal ingreso de su municipio.
Frente a ese escenario, dijo que la gestión viene ajustando gastos y administrando con extremo cuidado cada partida, a la espera de una recuperación económica general.
El propio calendario de vencimientos semestrales funcionó, según relató, como una señal de alarma: a fines de julio el municipio notó que buena parte de los cabañeros y hoteleros no se había presentado a pagar, lo que terminó de convencer al Ejecutivo de avanzar con la ordenanza.
El intendente sostuvo que esperar definiciones de la provincia o la Nación suele paralizar este tipo de decisiones a nivel local, y que por eso optaron por avanzar de manera unilateral y llevar la propuesta directamente al Concejo Deliberante.
Ese planteo conecta con un debate que atraviesa a otras localidades turísticas de la provincia, entre ellas Villa Carlos Paz, donde más de un centenar de comerciantes reclamó recientemente al municipio una baja de tasas por la misma caída del consumo, aunque sin que la comuna haya declarado hasta ahora una emergencia formal.
