El fiscal Penal Económico del 1° turno, Matías Bonancini, tramita una denuncia que presentó la empresa LWK Ingeniería y Servicios SA contra la Municipalidad de La Calera. Dos funcionarios de la gestión de Fernando Rambaldi se presentaron el 8 de julio pasado acompañados por dos policías para ejecutar el desalojo del depósito ubicado en la calle Las Nomeolvides 2370, en barrio Cuesta Colorada.
La situación derivó en la inmediata reubicación de los camiones con los cuales la empresa realiza el servicio de recolección de residuos.
Desde el año 2007, LWK contaba con habilitaciones municipales renovadas ininterrumpidamente. Sin embargo, un decreto municipal (70/25) del año pasado cambió sustancialmente la situación. Esa norma prohíbe de manera específica actividades que la firma desarrolla, como el acopio de áridos, depósito de contenedores y tratamiento de residuos, bajo el argumento de proteger el uso residencial del barrio.
Desde LWK sostienen que esta normativa que modificó el uso del suelo fue dictada de forma sorpresiva y sin justificativo técnico, violando el principio de “confianza legítima” de una empresa que ha invertido y operado en el lugar por más de 13 años bajo el amparo de la ley.
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A qué se dedica LWK
La empresa realiza la recolección de residuos y poda en countries exclusivos de la zona noroeste, en el Gran Córdoba, como La Rufina, Cinco Lomas, Lomas de la Carolina, Las Delicias, Los Sueños, Rocío y Cigarra, Los Soles, Los Prados, Los aromas, La Docta, Campo de Vuelo y Nobu Town.
También se ocupa del mantenimiento de espacios verdes para la Agencia Córdoba Deportes (Parque del Kempes) y la Agencia Córdoba Turismo (Techo del Archivo Histórico y Parque de las Tejas).
Cronología del litigio
En la denuncia penal, la empresa señala que el 11 de julio de 2025 presentó documentación en la Municipalidad de La Calera para renovar la habilitación que incluye al depósito del barrio Cuesta Colorada.
Sin embargo, el 16 de octubre, la firma fue intimada para presentar la misma documentación. Una semana después respondió que ya lo habían hecho y remitió nuevamente los requisitos exigidos por la comuna.
Según la denuncia, el 21 de octubre la Municipalidad notificó a la firma del Decreto 70/25 en el cual el intendente Rambaldi con su firma modificó el uso del suelo del barrio Cuesta Colorada que se regía -hasta ese momento- por una ordenanza de 2017.
En septiembre del año pasado, con el patrocinio del abogado Alfonso Buteler Turrado la empresa presentó una acción de amparo cuestionando la legalidad de la norma mencionada. La Cámara Contencioso Administrativa de 3a. Nominación no le dio trámite; esa decisión fue recurrida y está a resolución del Tribunal Superior de Justicia.
Desalojo inmediato
El 6 de julio de este año, LWK denunció que al mediodía le llegó una intimación del municipio para que en el término de 24 horas desocupe el inmueble “en calle Nomeolvides 3170” bajo apercibimiento de la clausura. Lo primero que destacó en la presentación en sede penal es que el domicilio señalado es erróneo.
Dos días después, el 8 de julio se apersonó el director de Inspección de Comercios del municipio y el secretario de Seguridad Ciudadano, acompañados por dos policías quienes colocaron la faja de clausura definitiva del depósito.
En la denuncia, la empresa pidió al fiscal Bornancini ser admitida como querellante. El planteo está bajo estudio.
