Tras una extensa sesión que se prolongó por más de diez horas, el Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que modifica aspectos vinculados con las expropiaciones y los desalojos.
La votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, lo que permitió que el proyecto avanzara a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
Así votaron los senadores por Córdoba
Los tres representantes de Córdoba tuvieron posiciones diferentes durante la definición del proyecto. Por el lado de los votos afirmativos, acompañaron la iniciativa Luis Juez, integrante de La Libertad Avanza, y Carmen Álvarez Rivero, también alineada con el oficialismo nacional.
En cambio, Alejandra Vigo, del bloque Provincias Unidas, rechazó el proyecto y se ubicó entre los 33 senadores que votaron en contra de la media sanción.
Qué cambia con la ley
Aunque el Gobierno eliminó del proyecto los artículos que modificaban la Ley de Tierras y desistió de avanzar con cambios en la Ley de Manejo del Fuego, la iniciativa que obtuvo media sanción mantiene reformas de peso sobre el régimen de propiedad privada.
Uno de los principales ejes apunta a agilizar los desalojos judiciales. La propuesta establece un procedimiento más rápido para que los propietarios recuperen un inmueble y habilita, en determinadas situaciones, que la restitución pueda ordenarse antes de que finalice el juicio, siempre que el magistrado considere suficientemente acreditado el derecho del dueño.
Otro de los cambios alcanza al régimen de expropiaciones. La iniciativa endurece las condiciones para que el Estado pueda avanzar sobre una propiedad privada y amplía los conceptos que deberán contemplarse al momento de fijar la indemnización. Además del valor del inmueble, el propietario podría reclamar una compensación por los ingresos o beneficios económicos que asegura haber dejado de percibir.
Según el Gobierno, estas modificaciones buscan fortalecer las garantías sobre la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica. En cambio, sectores opositores advierten que el nuevo esquema podría encarecer las expropiaciones y dificultar la ejecución de obras públicas que requieren la adquisición de terrenos.
