Un conflicto entre el Gobierno nacional y los profesionales encargados de asistir a los buques durante su navegación y las maniobras portuarias mantiene paralizada parte de la actividad en los principales puertos argentinos. Al menos 140 embarcaciones permanecen a la espera de los servicios de practicaje y pilotaje, mientras se encuentran frenados embarques vinculados con las exportaciones de granos.
La medida comenzó durante el fin de semana, luego de que prácticos, pilotos y baqueanos resolvieran no aceptar nuevas asignaciones de trabajo en rechazo al Decreto 690/2026, publicado el viernes 31 de julio. La normativa impulsada por el Gobierno nacional modificó las reglas que regulaban la actividad desde comienzos de la década de 1990.
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El practicaje constituye un servicio fundamental para la navegación en áreas de mayor complejidad. Los profesionales del sector asesoran a los capitanes durante el tránsito por ríos, canales y accesos portuarios, donde resulta necesario conocer en detalle aspectos como profundidades, corrientes, condiciones del canal y riesgos particulares de cada zona.
Por esa razón, el conflicto tiene un impacto directo sobre el comercio exterior argentino. Buena parte de las exportaciones agroindustriales atraviesa el río Paraná y el Río de la Plata antes de salir hacia los mercados internacionales, por lo que la falta de profesionales disponibles impide concretar determinadas maniobras de ingreso y egreso de los puertos.
Las mayores complicaciones se registraron en las terminales del Gran Rosario y la zona de San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, uno de los principales complejos agroexportadores del país. Allí algunos barcos permanecen fondeados mientras aguardan la disponibilidad del servicio. El conflicto también repercutió en otras terminales y alcanzó operaciones vinculadas con el desarrollo energético de Vaca Muerta.
El decreto que originó el conflicto
El Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei, introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de practicaje y pilotaje. Entre otros puntos, eliminó restricciones para la inscripción de nuevos profesionales, modificó el sistema de contratación y estableció nuevas condiciones para determinar las tarifas.
La normativa también contempla que armadores y agencias marítimas puedan contratar directamente a los prácticos y habilita, bajo determinadas condiciones, que capitanes que acrediten experiencia suficiente en una zona puedan navegar sin contratar ese servicio.
El Gobierno sostuvo que los cambios buscan incrementar la competencia y reducir los costos logísticos que afrontan los buques que operan en el país. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma y cuestionó las restricciones que, según el Ejecutivo, limitaban la cantidad de prestadores disponibles.
Los profesionales del sector rechazaron esa interpretación y advirtieron que las modificaciones pueden afectar la seguridad de la navegación. Entidades que representan a prácticos, pilotos y baqueanos cuestionaron además la constitucionalidad de la norma y anticiparon presentaciones ante la Justicia Federal para intentar frenar su aplicación.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante anunció que impulsará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo. También planteó la posibilidad de realizar una denuncia penal ante una eventual afectación de la seguridad de la navegación.
Cómo funciona la protesta
La medida presenta una modalidad diferente a la de un paro gremial convencional. Los prácticos trabajan de manera independiente y no existe una organización sindical única que pueda disponer formalmente el cese de actividades para todos los profesionales.
En ese contexto, numerosos trabajadores resolvieron individualmente no aceptar nuevos servicios. Los compromisos que habían sido asignados antes del inicio del conflicto continúan realizándose, mientras el principal problema se concentra en las nuevas solicitudes.
Ante la falta de disponibilidad, la Prefectura Naval Argentina comenzó este lunes a notificar individualmente a profesionales para que presten el servicio, bajo el argumento de que el practicaje tiene carácter de servicio público conforme a la Ley de Navegación 20.094. Las intimaciones advierten sobre posibles consecuencias administrativas y penales ante eventuales incumplimientos.
Mientras continúa la disputa, el impacto económico crece con cada embarcación que no puede completar sus operaciones. La situación afecta particularmente al sector agroexportador, que depende de la salida de buques cargueros desde los puertos ubicados sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El Decreto 690/2026 prevé además mecanismos excepcionales frente a una eventual falta de prestadores y contempla la intervención de la Prefectura Naval y, en determinadas circunstancias, de la Armada para garantizar el servicio.
El conflicto permanece abierto y las partes mantienen posiciones enfrentadas: mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá bajar costos y ampliar la competencia, las organizaciones profesionales reclaman que se suspenda su aplicación y advierten sobre posibles consecuencias para la seguridad de la navegación.
Hay un punto que corregí respecto de la información original: evité afirmar de manera categórica que los buques de petróleo y gas “siguen operando con normalidad”, porque las informaciones publicadas este lunes registran al menos una operación vinculada con Vaca Muerta afectada por el conflicto.
Fuente: TN
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
