Un testigo cuya identidad permanece bajo reserva deberá comparecer este jueves 30 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. La orden le exige presentar documentos, registros electrónicos y toda comunicación relacionada con TourProdEnter LLC, la compañía que desde 2021 interviene en los negocios comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El pedido incluye los intercambios que haya mantenido con Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero.
La AFA aclaró que la convocatoria no está dirigida a su presidente ni a su tesorero. La entidad difundió un comunicado después de que distintas versiones afirmaran que ambos debían presentarse personalmente ante la Justicia estadounidense. Sus nombres aparecen en el requerimiento porque el testigo deberá aportar información vinculada con ellos, pero esa mención no supone una imputación.
La investigación examina contratos, sociedades y operaciones realizadas mediante bancos estadounidenses. Según los registros incorporados, TourProdEnter administró más de US$300 millones provenientes de patrocinadores, amistosos, premios y otros acuerdos relacionados con la Selección argentina. Los fiscales intentan establecer qué destino tuvo ese dinero y si una parte fue derivada mediante documentación o sociedades sin respaldo comercial suficiente.
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La citación y los testigos convocados
La persona citada deberá permanecer en el tribunal hasta que un juez o funcionario judicial autorice su salida. También tendrá que entregar la información almacenada electrónicamente y los documentos solicitados por la fiscalía. Las actuaciones permanecerán bajo secreto porque forman parte de un procedimiento ante un Gran Jurado federal.
La copia de la orden que tomó estado público no identifica al destinatario. Fuentes judiciales mencionaron como posible testigo a Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA, aunque voceros de la entidad negaron que hubiera recibido esa convocatoria. Según la asociación, Petersen trabaja sobre la estrategia de la marca y no firma contratos ni administra fondos.
También habrían sido citados representantes de empresas que mantuvieron acuerdos de patrocinio con la Selección. Sus identidades no fueron divulgadas, mientras representantes de Socios.com ya habrían aportado información a los investigadores. Los fiscales procuran conocer las condiciones de los contratos, las cuentas utilizadas y el recorrido de los pagos enviados a TourProdEnter.
El Gran Jurado evaluará la evidencia presentada por la fiscalía y decidirá si existe causa probable para habilitar una acusación formal. La audiencia del jueves no implica que esa resolución deba producirse de inmediato. El expediente puede continuar con nuevas declaraciones y pedidos de documentación antes de que exista una definición pública.
Dos fuentes judiciales citadas por Clarín y el empresario Guillermo Tofoni consideran que la declaración podría impulsar una etapa más avanzada de la pesquisa. Tofoni sostiene que el material reunido permitiría avanzar contra Tapia y Toviggino, pero el tribunal y el Departamento de Justicia no confirmaron esa interpretación. Tampoco se anunciaron detenciones, sanciones a entidades bancarias o cargos contra dirigentes de la AFA.
La entidad rechazó además las versiones sobre un supuesto secuestro de teléfonos o dispositivos electrónicos de sus directivos en un aeropuerto estadounidense. Las autoridades fronterizas pueden revisar o copiar información de equipos, pero no se confirmó que ese procedimiento se haya aplicado a Tapia. La AFA aseguró que los investigadores no le retuvieron sus dispositivos.
TourProdEnter y los movimientos por más de US$300 millones
TourProdEnter firmó en 2021 un acuerdo de representación comercial con la AFA para intervenir en sus negocios internacionales. La sociedad está constituida en Florida y figura formalmente a nombre de Erica Gillette, esposa de Javier Faroni, productor teatral y exlegislador bonaerense del Frente Renovador. La fiscalía examina sus vínculos con la conducción de la asociación y las transferencias realizadas hacia otras compañías.
Los registros aportados indican que por las cuentas de la empresa pasaron más de US$300 millones durante los últimos cinco años. Las operaciones se realizaron mediante Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC. El uso de esas entidades financieras sometió los movimientos a la jurisdicción federal estadounidense.
Entre los acuerdos aparecen alrededor de US$60 millones vinculados con Adidas y unos US$40 millones procedentes de Warner. Las compañías son mencionadas por los pagos realizados en el marco de contratos con la Selección y no porque hayan sido acusadas de irregularidades. Sus representantes pueden aportar datos sobre las obligaciones pactadas, el origen de los fondos y las cuentas utilizadas.
Los fiscales analizan si parte del dinero fue derivada a terceros mediante contratos sin contraprestación real, comprobantes apócrifos o sociedades sin actividad comprobable. Esas posibilidades forman parte de las hipótesis de la investigación y no fueron acreditadas mediante una sentencia. El Departamento de Justicia tampoco informó qué proporción de los más de US$300 millones se encuentra cuestionada.
En la Argentina aparecieron además operaciones realizadas en sentido contrario al circuito habitual. Documentación incorporada en una causa federal registró transferencias por casi US$700.000 desde Carbello SRL y SOMA SRL hacia TourProdEnter. Fuentes judiciales expresaron dudas sobre los servicios que habrían respaldado esos envíos.
Carbello emitió el 25 de junio de 2025 una factura de exportación por 10.000 euros a favor de la firma estadounidense. SOMA presentó once comprobantes por 37.700 euros y US$613.800. La información surgió de registros aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y bancos privados.
Las operaciones fueron examinadas por la Fiscalía Federal de Santiago del Estero. En abril, el juez Sebastián Argibay consideró insuficientes los elementos reunidos para ordenar detenciones o llamar a indagatoria a Toviggino, su esposa y otras personas investigadas. No se informó si todos esos documentos fueron incorporados formalmente al expediente estadounidense.
El origen de la pesquisa y los fiscales a cargo
La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 después de una presentación de Tofoni. El empresario mantiene un litigio contra la AFA y afirma que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenía con él para beneficiar a TourProdEnter. En el marco de ese conflicto solicitó en Nueva York, Delaware y Florida el acceso judicial a registros bancarios.
Tofoni entregó esa documentación al Departamento de Justicia y denunció la posible comisión de delitos mediante el sistema financiero estadounidense. También declaró ante los investigadores y aportó información sobre las cuentas utilizadas por TourProdEnter. Sus afirmaciones sobre un eventual avance contra dirigentes de la AFA corresponden a su propia lectura de la causa.
La pesquisa está a cargo de Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting se desempeña como abogado litigante del Departamento de Justicia en Washington y tiene experiencia en investigaciones por delitos económicos. Antes de ingresar al sector público trabajó en el estudio Latham & Watkins, donde participó en actuaciones relacionadas con posibles fraudes financieros.
Berger es abogado litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Entre otros expedientes, intervino en el proceso que terminó con la condena en Miami del excontralor ecuatoriano Carlos Ramón Pólit Faggioni por lavado de activos. Su trayectoria incluye causas de corrupción internacional y movimientos realizados a través del sistema bancario estadounidense.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia. También dirige de manera interina un programa de recompensas destinado a denunciantes corporativos que entreguen información relevante. Esos antecedentes describen su experiencia profesional, aunque el organismo no detalló públicamente la distribución de tareas entre los tres fiscales dentro de esta causa.
Uno de los nombres mencionados como posible colaborador es Juan Pablo Beacon, antiguo hombre de confianza de Toviggino dentro de la AFA. Versiones periodísticas sostienen que declaró en más de una oportunidad y entregó documentación a las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia no confirmó públicamente el contenido ni el alcance de esa eventual colaboración.
Beacon fue accionista de Malte SRL, una de las sociedades mencionadas en la causa argentina vinculada con una mansión de Pilar. Tampoco se confirmó que sus declaraciones hayan originado pedidos de dispositivos o comunicaciones de dirigentes de la AFA. El secreto del Gran Jurado impide conocer qué material ya fue incorporado y quiénes declararon formalmente.
Diego Lucero y las sociedades mencionadas
La citación del jueves incluye a Diego Lucero entre las personas sobre las que el testigo debe entregar registros y comunicaciones. Lucero fue gerente y socio de una compañía que posteriormente pasó a estar controlada por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos aparecen en expedientes argentinos vinculados con una mansión de Pilar valuada en alrededor de US$17 millones.
La propiedad fue adquirida mediante sociedades cuyos titulares declaraban actividades e ingresos examinados por la Justicia. En esos expedientes también aparecen vehículos de alta gama y otros bienes relacionados con personas del entorno de Toviggino. Lucero no fue acusado en Estados Unidos por figurar en la orden de documentación.
También surgió la posible relación de una persona con el apellido Lucero con Odeoma Gestión SL, una firma española que administró parte de los negocios internacionales de la AFA antes de TourProdEnter. Entre sus responsables identificados aparecen el contador santiagueño Fabián Saracco y sociedades como Q22 y Stratega. No se confirmó que se trate del mismo Diego Lucero mencionado en la citación de Florida.
El requerimiento busca conocer las comunicaciones que el testigo haya mantenido con Lucero y los registros relacionados con su participación en los negocios revisados. La fiscalía no informó en qué carácter aparece su nombre dentro del expediente. Las actuaciones conocidas tampoco permiten precisar si se lo considera testigo, intermediario, contraparte comercial o persona investigada.
Subsidios y contratos en Santiago del Estero
Los antecedentes de Toviggino en Santiago del Estero corresponden a denuncias e investigaciones distintas de la causa de Florida. El expediente estadounidense se concentra en TourProdEnter, contratos internacionales y operaciones realizadas mediante bancos de ese país. Los vínculos provinciales muestran la estructura deportiva, empresarial y política en la que el dirigente desarrolló su carrera antes de llegar a la conducción de la AFA.
Toviggino nació en Rosario y consolidó su trayectoria empresarial y futbolística en Santiago del Estero. Su crecimiento estuvo vinculado con Central Córdoba y con Gerardo Zamora, quien gobernó la provincia durante varios períodos y actualmente ocupa una banca en el Senado. Desde allí se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Tapia.
Documentación oficial citada por Clarín indica que Central Córdoba recibió más de $1.297 millones en aportes provinciales entre 2020 y 2024. Los montos corresponden a valores nominales de cada año y fueron autorizados mediante resoluciones del Ministerio de Economía santiagueño. Los subsidios cubrieron gastos de funcionamiento y otras necesidades informadas por el club.
Entre los expedientes aparece una resolución del 20 de enero de 2021 que otorgó $500.000 para comprar indumentaria deportiva. Dirigentes opositores cuestionaron la continuidad de esos aportes y reclamaron precisiones sobre los criterios empleados para distribuirlos. La información disponible documenta las transferencias, mientras los señalamientos sobre su justificación pertenecen a esas denuncias.
Durante las administraciones de Zamora, empresas relacionadas con la familia Toviggino también obtuvieron contratos con el Estado provincial. Uno de los casos publicados es BORI SA, dedicada a la seguridad privada y contratada para prestar servicios en hospitales, edificios públicos y dependencias como la Fiscalía de Estado. Clarín señaló que algunas adjudicaciones se concretaron sin competidores que disputaran el precio.
Santiago del Estero recibió además partidos de la Selección y competencias nacionales, mientras la AFA respaldó la construcción del Estadio Único Madre de Ciudades. La asociación levantó también una sede en la provincia, inaugurada con la presencia de Tapia, Toviggino y Zamora. Fuentes citadas por el medio atribuyeron a organismos públicos una participación en esa obra, aunque todavía no se difundieron todos los datos sobre los contratos, los costos y el origen de los recursos.
Funcionarios y magistrados en Central Córdoba
La conducción de Central Córdoba incluyó a personas que desempeñaban al mismo tiempo cargos públicos o judiciales. Hasta hace pocos meses, el presidente del club era José Alfano, quien también trabajaba como interventor de Conservación de Vialidad Nacional. Después de su salida fue reemplazado por Hernán Zanni, hasta entonces vicepresidente segundo.
Ese puesto había sido ocupado anteriormente por Darío Alarcón, juez de Control y Garantías de Santiago del Estero. Alarcón presidía además la Asociación de Magistrados provincial y era tesorero de la Federación Argentina de la Magistratura. Entre los vocales del club figuró Martín Suárez, hijo del actual gobernador Elías Suárez.
Hasta el 10 de diciembre de 2025, la tesorería de Central Córdoba estuvo a cargo de Luis Fiad. En paralelo, Fiad se desempeñaba como subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía provincial. Esa dependencia intervenía en la administración de las partidas de las que procedían los subsidios girados al club.
El excandidato a gobernador de La Libertad Avanza, Ariel Parnás, denunció la presencia simultánea de funcionarios, magistrados y autoridades deportivas dentro de instituciones que recibían aportes públicos. El dirigente difundió documentos en una plataforma dedicada a analizar información oficial de la provincia. Sus cuestionamientos se dirigen a la posible existencia de conflictos de intereses y a la falta de controles sobre los recursos.
Parnás también denunció el incremento de los fondos destinados a la flota aérea provincial. Según los datos que presentó, el presupuesto de 2026 asignó inicialmente $2.010 millones a gastos operativos y una modificación posterior elevó la cifra a $10.810 millones. El opositor reclamó explicaciones sobre quiénes utilizan las aeronaves, qué traslados realizan y por qué aumentaron las partidas.
La denuncia menciona aviones sanitarios, helicópteros y equipos preparados para combatir incendios. No se presentó una conexión entre esa flota, TourProdEnter o los contratos analizados en Florida. El planteo forma parte de los cuestionamientos provinciales sobre el manejo de los recursos durante las administraciones de Zamora.
Las causas argentinas y la audiencia en Florida
La Justicia federal argentina investiga sociedades, bienes y transferencias relacionadas con personas próximas a Toviggino. La mansión de Pilar, automóviles de alta gama y operaciones efectuadas mediante compañías con capacidad económica cuestionada integran algunos de esos expedientes. La información obtenida por ARCA y bancos privados fue incorporada en actuaciones tramitadas en Santiago del Estero.
El fiscal federal Pedro Simón solicitó medidas contra Toviggino, su esposa y otros investigados. El juez Argibay resolvió en abril que la prueba disponible no alcanzaba para disponer detenciones ni convocarlos a indagatoria. Las fiscalías pueden continuar reuniendo elementos, mientras otras jurisdicciones examinan operaciones diferentes.
El expediente estadounidense tiene otro alcance territorial y penal. Los fiscales analizan cuentas bancarias, sociedades constituidas en Florida y posibles delitos sometidos a la legislación federal de ese país. La presencia de personas o compañías comunes en ambos países no convierte los expedientes en una sola investigación.
Dentro de la AFA existe preocupación por el procedimiento estadounidense y por la participación de fiscales especializados en delitos financieros internacionales. Las causas argentinas estuvieron atravesadas por disputas de competencia, recursos y decisiones que frenaron algunas medidas. En Florida, las deliberaciones del Gran Jurado permanecerán reservadas.
Este jueves, el testigo deberá entregar la documentación que posea sobre TourProdEnter y las comunicaciones mantenidas con Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero. La orden conocida no está dirigida a los cuatro mencionados. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no anunció cargos formales contra ellos.
