En sus primeras declaraciones como procuradora penitenciaria general, Bettina Croppi afirmó que hay un exceso de prisiones preventivas en Córdoba; admitió que las cárceles están superpobladas, y que la situación no se revertirá a pesar de que se sume el Cemax, la nueva cárcel de máxima seguridad cuya inauguración está prevista en marzo de 2027. En la entrevista que concedió a Perfil Córdoba, no esquivó definiciones políticas sobre la postergación sin fecha de la asunción de Iván Rodríguez como procurador adjunto, al cuestionar la “liviandad” con que se presentan denuncias contra magistrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia.
El 26 de junio asumió al frente del nuevo organismo creado a fines del año pasado. La secundan Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano. Hay una lista de 20 empleados, técnicos y administrativos, que esperan la designación. El objetivo central es monitorear los derechos de los internos de las nueve cárceles de Córdoba: Bouwer, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Villa Dolores, Cruz del Eje, Montecristo y la Unidad de Contención del Aprehendido en la Capital.
—¿Cuál es la tarea de la Procuración Penitenciaria?
—Según la ley de creación (11.085) el cometido funcional es la protección, garantía y defensa de los derechos humanos de cualquier persona privada de la libertad, en contexto de encierro, ya sea cautelar o condenatorio; y en las circunstancias de traslado. El objetivo es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad desde el momento mismo de la aprehensión hasta que recuperan su libertad.
—¿También en sedes policiales?
—En Córdoba se logró un enorme avance, que las personas no queden privadas de la libertad en las comisarías, por regla general. Hay situaciones, en el interior, en que el complejo carcelario no está en el mismo lugar donde se produjo la detención. Todas esas instancias son materia de revisión, control y protección por parte de la procuraduría.
—¿Actúa de oficio o solo ante planteos de abogados o personas privadas de libertad?
—Ambas cosas. Aclaro que no sustituimos al abogado defensor, que sigue teniendo la custodia de los derechos de su defendido. La procuración se ocupa de situaciones de vulneración de derechos colectivos. Si hay un planteo puntual, la Procuración tiene que evaluar si la situación amerita intervenir. Por ejemplo, si hay tortura, porque uno de los objetivos de la procuración es erradicarla.
—¿Qué casos imagina?
—Supongamos un pabellón sin agua. De eso sí se ocupa la Procuración porque hay una afectación colectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad. Ahora, si un interno tiene un problema de salud y no está recibiendo la medicación adecuada, de esa situación se ocupa el defensor. Tenemos intención de trabajar en forma conjunta con el Colegio de Abogados y con la Defensa Pública, porque hay cometidos funcionales que se tocan y hay que ser muy prolijo para no encimar competencias.
—¿Intervendrán en habeas corpus colectivos?
—La ley da legitimación procesal a la Procuración para intervenir en los en los habeas corpus. También para pedir amparo.
—¿Cuál es el resultado de la intervención de este nuevo organismo?
—La Procuración no tiene facultades decisorias ni disciplinarias. No interviene en la administración del Servicio Penitenciario. Tiene como misión la gestión del derecho por la vía legal que corresponda, una denuncia, un habeas corpus, como querellante cuando hay violencia institucional. En paralelo a todos esos remedios judiciales, puede actuar como amicus curiae —amigo del tribunal— y hacer informes, dictámenes y recomendaciones, que es el último remedio legal.
—¿Qué implica realizar recomendaciones?
—Se pueden hacer sugerencias, trabajos de capacitación en conjunto y si la situación se extiende en el tiempo y no se resuelve, puede efectuarse una recomendación con comunicación a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, al tribunal o fiscalía de la que depende la persona privada de la libertad.
—¿También interviene en los casos de prisión domiciliaria?
—Si.
—Por ejemplo, el caso del policía Horacio Grasso que cometió un homicidio en esa condición.
—Eso es responsabilidad del órgano judicial que ordenó la prisión domiciliaria, del Patronato del Liberado y del juez de Ejecución. La procuración no está para defender los derechos de la comunidad. Hay otras instituciones (Ministerio Público Fiscal) que los defienden. He trabajado en esa institución hasta hace un mes. Diría que la procuración está del otro lado de la vereda. Su misión es garantizar los derechos del detenido. Podría intervenir, por ejemplo, en un supuesto caso en que a una persona le corresponda la prisión domiciliaria y no se la otorguen.
—El último informe del Comité Nacional contra la Tortura marcó problemas graves en las cárceles de Córdoba: sobrepoblación, alto porcentaje de presos con prisión preventiva, malas condiciones de alojamiento.
—Todos los años viene, hace dos o tres visitas pactadas y si hay alguna situación en particular puede venir fuera de ese marco. El problema esencial es la sobrepoblación carcelaria. Tenemos muchos más presos de los que la capacidad edilicia permite. Por esto la provincia decidió construir el Cemax (una cárcel de máxima seguridad en el Complejos de Bouwer) que se inaugurará, creemos, que en el corto plazo.
—¿Con la reubicación de detenidos en ese centro, seguirá habiendo superpoblación?
—Sí. Estoy hablando por los informes del Servicio Penitenciario, Ministerio de Justicia y la Comisión Nacional Contra la Tortura. No son informes nuestros, todavía no hemos empezado a trabajar. En los primeros dos meses de trabajo de la Procuración, cuando logremos contar con los equipos necesarios, haremos un diagnóstico después de visitar las nueve cárceles en toda la provincia, que alojan aproximadamente 17 mil presos. Tendremos un equipo de profesionales que se ocupará exclusivamente del monitoreo.
—¿Hay exceso de prisiones preventivas en Córdoba?
—Sobre el tema hay una especie de esquizofrenia. Cuando hay un delito, la primera queja es que no hay detenidos. Se exige que toda persona sospechosa de un delito sea detenida. En el caso de Claudio Barrellier, una de las críticas es por qué no lo detuvieron antes. No hay coherencia. Yo creo que hay un exceso en el manejo de la prisión preventiva. Hay situaciones en que una persona está investigada y no hay suficiente plexo probatorio para ordenar la detención o no hay suficiente riesgo procesal que justifique la detención porque nos olvidamos que la Constitución obliga a que las personas estén libres hasta que estén condenadas. Hay suficientes elementos de que el hecho existió y fue cometido por el imputado cuando hay una sentencia, aunque no esté firme. Eso ya justificaría la privación de la libertad de las personas, porque pasó por la etapa investigativa y llegó un tribunal que la consideró culpable. Antes, lo único que justifica la privación de la libertad es que esa persona sea un riesgo para el proceso con conductas que perjudiquen la prueba o porque exista riesgo de fuga. Son las dos únicas razones que justifican la prisión preventiva. Caso contrario no la podemos privar de la libertad hasta que esté condenada, aunque a la sociedad no le guste lo que estoy diciendo.
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—Cuando un grupo de abogados de detenidos pidió audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿mantuvo esta posición como fiscal General Adjunta?
—Sí, esta fue mi posición. Lo que sucedió allí es que el caso que trajo la Comisión a estudio tenía sobrados elementos de riesgo procesal. Y en otro ya había condena. Eran los policías de la FPA de Cruz del Eje imputados por sustraer droga para pagar a dateros. Cuando la Comisión Interamericana lo tomó, ya había condena.
“El Jury, con intereses que exceden la conducta judicial”
—¿Qué significó para usted que Iván Rodríguez no pudiera asumir como procurador penitenciario adjunto?
—Como procuradora es un problema porque es un elemento de trabajo menos. Como persona, no voy a opinar de la causa que investigó porque no la conozco. Lo que sé es lo que publican los medios. Pero, al doctor Rodríguez lo conozco hace 15 años y es un fiscal responsable, trabajador. Tengo la mejor opinión. Es uno de los fiscales más activos que tiene el Ministerio Público Fiscal, junto con el doctor Raúl Garzón. Es llamativo que dos fiscales como ellos, con distintos perfiles y formas de trabajo, que se caracterizan por aplicar cada proceso de reforma que se ha tramitado dentro del Ministerio Público, haciendo su aporte con compromiso, sean hoy objeto de denuncias. La trayectoria de ambos es excelente.
—¿No está de acuerdo con las presentaciones ante el Jury contra ambos?
—No las he leído. Lo que sé, es lo que se publicó en los medios de comunicación. No puedo emitir una opinión técnica. Los funcionarios judiciales pueden equivocarse, pero aún en ese caso existe la segunda instancia, el juez de Control y después la Cámara de Acusación. Hay sentencias que se revocan y eso no es causal de Jury.
—¿Habló con él? ¿Cómo está?
—Afectado, ningún funcionario pasa incólume por esta situación. A mí también me tocó afrontar pedidos de Jury en mi carrera judicial. No es impensado, pero afecta el ánimo de cualquiera porque pone en tela de juicio el trabajo. Por eso cuando uno toma una decisión de pedir un Jury debe ser muy responsable. En los últimos tiempos veo cierta liviandad en los pedidos de Jury y no lo digo por Garzón y Rodríguez, sino en general. Se la ve como una herramienta de manejo político, con intereses que exceden la conducta judicial. Eso causa mucho daño a las instituciones. El solo hecho de que se pida un Jury a un funcionario o a un juez, es un descrédito para la institución.
