Con las brasas aún encendidas por la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, el Gobierno retomará su agenda económica con el relanzamiento del régimen de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles la reforma en una conferencia de prensa y el jueves enviará el nuevo proyecto al Congreso con los cambios anticipados por Clarín.
“Frente a preocupaciones de los profesionales del área, incluimos algunas modificaciones al Régimen de Inocencia Fiscal que van más allá en el sendero del espíritu de la ley. El miércoles se expondrán en profundidad estas modificaciones y se dará lugar a las preguntas específicas que surjan sobre las mismas“, dijo este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa.
El objetivo es que los argentinos saquen los dólares del colchón y los ingresen al sistema financiero sin dar explicaciones sobre su origen ni exponerse a sanciones del fisco. El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigencia a principios de febrero. Pero ante las dudas de los especialistas y el bajo nivel de adhesiones, Caputo impulsó una versión renovada del proyecto.
Los cambios fueron conversados con contadores en mayo y este mes. Tras un inicio con 5.800 adhesiones, ARCA informó que hasta mayo había registrado 80.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias. Luego, el ministro volvió a recibir a los expertos la semana pasada y el fisco dio a conocer que las adhesiones se elevaron a 330.000, aunque solo 170.000 presentaron la declaración jurada de Ganancias.
Tal como anticipó Clarín, el proyecto elimina los requisitos para adherir al régimen referidos a ingresos máximos (de $1.000 millones) y patrimonio máximo (de $10.000 millones), los contribuyentes deberán revestir la condición de residentes fiscales durante la totalidad del período fiscal y los grandes contribuyentes pueden adherirse, sin gozar de presunción de exactitud ni demás beneficios del régimen.
“Las adhesiones van a aumentar más si se liberan los requisitos de ingreso y patrimonio, que es un poco la idea de que haya un universo muy grande de contribuyentes que vaya por este régimen simplificado, no parece extraño que suceda”, dijo el contador Andrés Edelstein respecto a las modificaciones que serán enviadas al Congreso.
A diferencia del esquema vigente, el proyecto que se enviará al Parlamento define un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. Hasta esa fecha, se podrá ingresar dinero no declarado sin costo por el pasado y sin que esa aparición se vuelva prueba en contra. De esa manera, el régimen ya no será de blanqueo “permanente”.
El régimen vigente impide que ARCA fiscalice períodos pasados, pero si detecta una discrepancia significativa puede hacerlo (“tapón” fiscal). Esto ocurría si surgía una diferencia mayor al 15% entre el impuesto pagado y lo que correspondía, o si superaba los $ 100 millones. El proyecto aclara que no habría discrepancia significativa si la diferencia no supera un piso mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario ($ 100 millones).
Otro de los cambios es que la carga de la prueba es exclusiva de ARCA, usando sólo información declarada y disponible en sus sistemas. Cualquier otra consideración que tome en cuenta no tendrá valor probatorio. Mientras tanto siguen su curso las órdenes de intervención y de los procedimientos de liquidación administrativa o de determinación de oficio en trámite antes de la adhesión al régimen.
Todas las modificaciones tendrían efectos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.
Por último, durante la última reunión con los tributaristas, el equipo económico recibió un proyecto para aliviar las multas por incumplimientos impositivos, aunque los funcionarios no anticiparon si lo tendrán en cuenta para la reforma que presentarán el miércoles.
La ley de Inocencia Fiscall multiplicó por 100.000% las sanciones por demoras en presentar declaraciones juradas (como IVA y Ganancias). Los montos habían quedado desactualizados, pero desde diciembre la multa para personas humanas pasó de $ 200 a $ 220.000 y para empresas, de $ 400 a $ 440.000. En los casos agravados, pueden llegar a oscilar entre $ 5 millones y $ 10 millones.
El proyecto elaborado por la especialista Miriam Roldán propone un esquema de “proporcionalidad” en función de la capacidad económica. Así, el monto de la multa para las microempresas y personas humanas o sucesiones indivisas, no categorizadas como grandes contribuyentes, se reducirán en un 80%, Pequeñas empresas, 60%; Medianas empresas – Tramo I: 40%, y las Medianas empresas – Tramo II, 20%.
