El Gobierno Nacional publicó el Plan Nuclear Argentina 2026, un documento que conmemora el día nacional del sector y establece una nueva hoja de ruta para la industria. Este plan propone un cambio de paradigma significativo al invitar, por primera vez en 76 años, al sector privado a invertir en la generación y fabricación de insumos nucleares, como partes y combustibles.
La Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo la dirección de Federico Ramos Nápoli, estructuró el plan en cuatro grandes objetivos. Estos buscan aprovechar la capacidad tecnológica argentina en un momento donde el mundo reconsidera la energía nuclear como una alternativa limpia y más económica frente a los combustibles fósiles, especialmente tras el incremento de los precios del petróleo y el gas.
Interés de empresas y proyectos en marcha
Los lineamientos oficiales surgen en un contexto de creciente interés por parte de empresas nacionales y estadounidenses en participar en el sector nuclear argentino. Un ejemplo de esto fue el cuarto taller regional FIRST sobre tecnologías de energía nuclear, donde Argentina y Estados Unidos intercambiaron experiencias regulatorias, de seguridad y desarrollo de capacidades para la expansión de esta fuente energética en América Latina.
Si bien las fuentes oficiales evitaron compartir cifras sobre estimaciones del negocio o las exportaciones potenciales, varios proyectos ya están en marcha. La firma Nano Nuclear Energy, por ejemplo, se asoció en marzo con la estatal Dioxitek para producir combustible a partir de uranio en la planta de Formosa. La empresa estadounidense busca ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión superior a los 230 millones de dólares, orientada a la exportación del combustible nuclear.
Por otra parte, Meitner Energy trabaja junto a la estatal rionegrina Invap en el desarrollo del reactor ACR-300, que también posee un importante potencial exportador. Además, cerca de cincuenta firmas expresaron interés en el sector durante la Argentina Week, que se realizó en marzo en Nueva York. Estas empresas manifestaron interés en comprar o asociarse para el uso de las licencias nucleares de Impsa, la metalúrgica mendocina que fue la primera privatización del gobierno de Javier Milei.
Asimismo, se sigue con atención las novedades sobre la posible exploración y posterior explotación de uranio en zonas mineras de la Patagonia y Cuyo, que tomaron impulso tras la aprobación de la Ley de Glaciares. Todo esto ocurre mientras el Gobierno espera lanzar la licitación para vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica, la empresa estatal que gestiona las tres centrales de generación de energía nuclear del país: Atucha I y II en Zárate, y Embalse en Córdoba.
Claves de la convocatoria a privados
En el plan estratégico, la Secretaría de Asuntos Nucleares remarcó que la nueva política busca separar de manera clara la conducción política de la operatoria del sector. Sin abandonar la disciplina fiscal, la dependencia que conduce Ramos Nápoli enfatizó que, en la política nuclear que encara la gestión de Milei, el Estado “conduce y asume las funciones del marco regulatorio independiente, las garantías soberanas asociadas a compromisos internacionales, la responsabilidad última en materia de seguridad nuclear y radiológica, y la conducción del sistema de formación especializada”.
El documento oficial indicó que el resto de las actividades “admite, y en muchos casos requiere, articulación con actores privados cuya eficiencia operativa, capacidad de gestión comercial y disponibilidad de capital complementan las funciones estatales”. Además, remarcó que “la incorporación de capital privado, gestión privada y modalidades de asociación público-privada debe entenderse como herramienta para llevar la capacidad técnica instalada a escala industrial sostenible”.
Los principios expuestos en el Plan Nuclear enfatizaron que “las experiencias internacionales más exitosas combinan rectoría pública estricta con eficiencia operativa privada, y no existe razón estructural por la cual Argentina deba renunciar a esa combinación”. En ese sentido, el plan apunta a un esquema donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aporta investigación, desarrollo y profesionales de calidad, mientras las empresas invierten en proyectos nacionales y asumen el riesgo.
Según la visión oficial, la experiencia y el conocimiento de la CNEA se combinan con el capital y la capacidad de gestión del sector privado para potenciar cada eslabón de la cadena nuclear argentina. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, remarcó el documento, y agregó: “La capacidad de diseño, operación, fabricación y producción está consolidada y se reproduce dentro de los procesos institucionales del sector. Lo que el sector no ha logrado consolidar de manera equivalente es el marco institucional, comercial y de gestión que convierta esa capacidad técnica en industria a escala, en flujos de exportación sostenidos y en retorno verificable para el país que financió su construcción durante 75 años”.
