El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió cambios en el monotributo. De manera urgente, clara y concisa. Basados en un incremento en las alícuotas, una ampliación de la cantidad de adherentes en las escalas más altas, una persecución de los posibles evasores que se escondan en el régimen y la obligación para que más personas físicas se sumen al averno de los autónomos, abandonando la “comodidad” y el “enanismo fiscal” del régimen simplificado para pequeños y medianos contribuyentes. Concretamente, el organismo pidió “auditar al 20% de los monotributistas” y mejorar “la eficiencia en la recaudación del Monotributo”. Curiosamente, este reclamo se hizo vibrante en durante la firma del Stand By de septiembre del 2003 entre el FMI y el gobierno de Néstor Kirchner, que derivó en la cancelación total de la deuda en el 2006. Las críticas al monotributo se repitieron en julio del 2018, durante el nuevo Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri y en las sucesivas revisiones de cumplimientos, en una acuerdo que finalmente terminó caído en diciembre del 2019 al asumir Alberto Fernández la presidencia de la Nación. Finalmente, la condena social del FMI al régimen simplificado, volvieron en marzo del 2022 con el Facilidades Extendidas firmado durante la gestión de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda; y en la renegociación de ese mismo acuerdo en agosto del 2023 con Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. En todas esas oportunidades, de manera constante, firme y poco solidaria, el FMI reclamó por el monotributo, demostrando que hay una línea editorial clara y crítica del organismo que ahora maneja Kristalina Giorgieva y que antes gestionaron (desde el gobierno de Carlos Menem) hasta hoy Michel Camdessus, Horst Köhler, Anne Osborn Krueger (interina), Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn (cómo olvidarlo), John Lipsky (interino), Christine Lagarde y David Lipton (interino). En todas estas gestiones de directores gerentes, se repitió con Argentina (además de las críticas habituales, crónicas, y constantes), el reclamo de la modificación del régimen simplificado. O, mejor aún, su eliminación.
La “recomendación” sobre el monotributo conocida en el texto definitivo correspondiente a la aprobación de la Segunda Revisión Obligatoria del acuerdo de Facilidades extendidas vigente actualmente, sólo repite la teoría constante del Fondo en este capítulo del sistema tributario argentino. Concretamente, la frase central del FMI sobre el régimen simplificado versión 2026 fue: “Impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas”. El organismo reconoció que el régimen ayudó a formalizar trabajadores, amplió cobertura previsional y de salud y simplificó el cumplimiento tributario; pero que hoy desalienta el crecimiento, incentiva que contribuyentes no pasen al régimen general y reduce la recaudación. Lo mismo que dice desde siempre. O al menos desde que el monotributo se creó en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem.
Otra definición textual del FMI en el texto conocido esta semana fue que los límites y escalas del sistema generan: “saltos bruscos” entre categorías; lo que obligaría a empujar a muchos contribuyentes a mantenerse artificialmente debajo de ciertos topes de facturación. La recomendación concreta, con frase exacta, del staff técnico fue: “alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales con el régimen general”.
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En realidad lo que se demuestra con los años, incluyendo esta crítica reloaded del 2026, es que, en definitivamente, lo que quiere el Fondo, es que el monotributo no exista. Y que se lo reemplace por otro sistema más generalizado con el esquema de los autónomos, lo que implicaría que casi 4,7 millones de personas físicas o jurídicas tendrían una presión tributaria mayor y pagarían más impuestos a la Nación. Si se considera que se trata de un público, esencialmente, de clase media, quienes para los sociólogos representan a la mayoría silenciosa del 20 o 30% que define un Presidente en las elecciones de cada cuatro años (la próxima cita es el 2027); aplicar la recomendación del FMI implicaría que Javier Milei no sea reelecto. Pensar en ir a votar con un “impuestazo” a los monotributistas, es la fórmula del éxito para perder las elecciones. Por esto, y pese a la insistencia del FMI, ni Néstor Kirchner, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández atendieron la cuestión. Como tampoco lo hará Javier Milei. El monotributismo seguirá igual que siempre, al menos hasta que haya una reforma generalizada del sistema tributario argentino, algo que debería ser aprobado por ley previo acuerdo político con las provincias. Hoy por hoy, un imposible. El Fondo deberá seguir esperando.
Pero el FMI tiene sus argumentos.
El monotributo nació en 1998-1999, durante la presidencia de Carlos Menem, como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Desde entonces, el FMI observó recurrentemente que el esquema argentino generaba una dualidad tributaria: por un lado el régimen general y, por otro, un sistema simplificado con cargas mucho menores.
La objeción histórica del Fondo nunca fue únicamente administrativa. El organismo considera que el monotributo reduce la base de recaudación, genera “enanismo fiscal” (empresas o trabajadores que no crecen para no salir del régimen), incentiva la fragmentación de actividades, fomenta relaciones laborales encubiertas y crea diferencias fuertes frente a autónomos y responsables inscriptos. En su momento, durante su creación en el gobierno de Menem bajo el copyright del entonces titular (y, curiosamente, creador) de la AFIP, Carlos Silvani (un hombre que venía del FMI), se aceptó el régimen bajo la promesa que ayudaría a reducir el alto y crónico nivel de evasión tributaria en los pequeños y medianos contribuyentes. Pero que, una vez alcanzada la meta, debía comenzar a desmantelarse como sistema de recaudación, para volver a algo clásico. Como la generalización de autónomos. El problema surgió luego de la caída de la convertibilidad, cuando en plena crisis el esquema de monotributistas se consolidó y generalizó; y ya no hubo posibilidades de dar marcha atrás. Sin embargo, el FMI siempre insistió en que había que terminar o modificar el régimen.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la relación con el FMI fue prácticamente congelada tras la cancelación anticipada de la deuda en 2006, por lo que las presiones directas sobre el régimen fueron menores. Sin embargo, en evaluaciones técnicas el organismo ya marcaba que la Argentina tenía una estructura tributaria “distorsiva” y excesivamente segmentada.
La discusión reapareció con fuerza desde el acuerdo Stand By firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí comenzó a hablarse más claramente de la necesidad de “armonizar” el régimen simplificado con el sistema general. En esos años, el FMI vinculó el crecimiento del monotributo con la precarización laboral, el aumento del empleo independiente y la pérdida de recursos fiscales. Y aunque no hubo un pedido explícito de eliminación total, sí aparecieron recomendaciones para reducir beneficios relativos, endurecer controles y facilitar el pase automático al régimen general. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el acuerdo de facilidades extendidas de 2022 volvió a poner sobre la mesa reformas tributarias estructurales. En ese período el FMI insistió en ampliar la base impositiva y reducir “gastos tributarios”, categoría dentro de la cual varios técnicos incluyen tratamientos especiales como el monotributo.
Con el gobierno de Javier Milei el debate escaló. Y en mayo del 2026 se volvió un reclamó explícito; al sostenerse desde Washington que el monotributo tiene una carga “considerablemente menor” que el régimen general, desalienta el crecimiento de empresas, favorece la fragmentación económica y, en definitiva, reduce la recaudación. El FMI va ahora más allá y “recomienda”, integrar gradualmente el monotributo al régimen general, homogeneizar alícuotas y aportes, reducir los “saltos” entre categorías y aumentar la contribución efectiva de los pequeños contribuyentes.
El FMI incluso calculó que esos cambios podrían aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional en recaudación. Esto es, aumentar la recaudación impositiva en unos US$ 6.000 millones. Dinero que saldrían de los bolsillos de la clase media baja, media y media alta; donde posiblemente Milei tenga sus votantes. Sólo un suicida político aceptaría entonces la recomendación del FMI. El problema es en realidad otro. La recaudación se mantiene chúcara en el momento de equiparar mensualmente a la inflación. Y, se sabe, esta es la cuarta meta que el gobierno compromete con el FMI dentro del Facilidades Extendidas, luego del superávit primario, el equilibrio fiscal y el aumento de las reservas. El gobierno sabe que no puede aumentar impuestos aceptando la recomendación de aumentar la presión vía monotributo. El problema es que con el FMI el horno no está para bollos al momento de hablar de una reducción de impuestos. Y ahí está el verdadero problema político del gobierno en cuanto al régimen tributario.
