Según testimonios y documentos a los que accedió Clarín, el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, junto al ex jefe de la agrupación Técnica de la Casa Militar, Daniel Edgardo Salguero Del Arca, y otros miembros del organismo, habrían gestionado supuestos sobornos de por lo menos el 10 por ciento en licitaciones por compras de repuestos y mantenimiento de aviones de la Dirección General de Logística (DGL) -conocida como Agrupación Aérea Presidencial-, que se le adjudicaban a un grupo de empresas. Y no sería su único negocio.
En las últimas semanas, Ibáñez también apareció en la prensa por ser el autor de una denuncia contra periodistas por supuesto espionaje en la Casa Rosada, que fue desestimada por la justicia casi de inmediato.
El 15 de marzo de 2024, Karina Milei despidió al coronel mayor Alejandro Gugliemi, jefe de la Casa Militar durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Ese mismo día resonaba en los pasillos de Casa Rosada el nombre de Sebastián Ibáñez, también coronel mayor, ex jefe de la Brigada de Montaña del Ejército en la guarnición en Salta, quien visitó la sede gubernamental durante los días previos, como el sucesor.
Según algunas fuentes consultadas por este diario, Karina Milei desconfiaba de su fidelidad. Sin embargo, en lo que todos los consultados coincidieron es que el entonces secretario de Asuntos Estratégicos, Jorge Antelo, nombrado por el primer jefe de Gabinete de este gobierno, Nicolás Posse, nunca lo quiso.
Una semana antes del despido de Gugliemi, Karina Milei modificó la estructura de la DGL que, por aquellos días, estaba a cargo de Florencia Gastaldi -quien sucedió a Leonardo Barone durante el gobierno de Alberto Fernández-, a través del anexo 1, del decreto 232/2024, que pasó a depender de la Casa Militar.
Según reconstruyó Clarín, y de acuerdo con los dichos de un supuesto emisario de Ibáñez, Claudio Rubén Cavina –empleado del Ministerio de Justicia y exDGL- y ratificado por Fabián Oyarbide, dueño de la firma Redimec SA, el jefe de la Casa Militar y Gastaldi habrían llegado a un acuerdo para repartirse el sobreprecio de las licitaciones por compras de repuestos, mantenimiento de aviones y hasta aeronaves adjudicadas a “empresas amigas” de la agrupación aérea presidencial. Audios sobre esos supuestos arreglos fueron publicados por este diario.
En el grupo de esas “empresas amigas” se encontrarían Redimec SA, de Fabián Oyarbide; Aras Aero Inc., de Jaime Mejía; Aviation Logistics Center, de Juan Pablo Snopek (una sociedad fantasma en Estados Unidos), Masuma Internacional SA, de los hermanos Facundo y Marcos Torres; Fire Eagle Inc. (una sociedad inscripta en Estados Unidos que le pertenece a los hermanos Torres) y la empresa Chef Gourmet; entre otras.
También está bajo la lupa Regional One Inc. beneficiaria de un contrato por la compra el año pasado de un avión Embraer ERJ-140LR por el que la Fuerza Aérea pagó el año pasado 4 millones de dólares cuando uno similar salía 2,3 millones, tal como contó Clarín.
Estas empresas también ganaron decenas de licitaciones en la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Las visitas de Oyarbide -el dueño de Redimec- al despacho de Xavier Isaac, entonces jefe del Estado Mayor General de la FAA, fueron casi semanales. La frecuencia de sus encuentros se repitió durante el paso de Isaac por la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Los negocios de Ibáñez en la DGL funcionaron, por lo menos, desde marzo hasta los primeros días de agosto de 2024, cuando echaron a Gastaldi por sospechas de direccionamiento en la licitación de mantenimiento para el ARG-01. A raíz de una investigación periodística, Ibáñez, Gastaldi y Juan Pablo Pinto, expiloto presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández, están siendo investigados por la Justicia.
La abrupta salida de Gastaldi fue un gran inconveniente para los negocios de Ibáñez en la agrupación aérea presidencial. Por este motivo, primero el jefe de la Casa Militar y luego Oyarbide y Cavina intentaron recuperar el negocio, tal como quedó reflejado en la conversación de Cavina con un funcionario abordado para sumarse a la organización, que grabó la charla.
Los otros negocios de Ibáñez con Casa Militar
No obstante, Ibáñez tendría otros negocios, como la contratación de vehículos para el traslado de funcionarios, a cargo del área de Movilidad Terrestre. “Se convoca a una licitación corta. Esto significa que estará abierta por muy poco tiempo, para que solo puedan presentarse la o las empresas que ya fueron avisadas previamente y que, además, son las únicas que cumplirán con los requisitos”, explicó una fuente de Casa Militar. En otras palabras, una licitación a medida.
Tal sería el caso de la licitación privada 23-0003-LPU24, para el “Servicio de alquiler de vehículos sin chofer para el traslado de personal de la Casa Militar”, que en su objeto especifica que se trata de traslados “para resguardar la integridad del Primer Mandatario y su Familia, en los Actos y presentaciones cuya envergadura lo amerite destinado a personal de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.
En esta licitación privada solo se presentó un oferente, Néstor Eduardo Ávila, dueño de la empresa Ávila Viajes, proveedor habitual de Casa Militar, quien se la adjudicó por 167.868.778 pesos. Asimismo, se le otorgó una prórroga el 28 de mayo de 2025.
Y la historia se repitió en 2026, cuando otra vez se presentó únicamente Néstor Eduardo Ávila y se adjudicó la licitación pública por la “Contratación de un servicio de alquiler diario de vehículos (sin chofer) destinado a la Casa Militar”, por 105.160.000 pesos.
“Se quedan como mínimo con el 10%. Para cubrirse o incrementar el retorno, certifican viajes que nunca se realizaron”, explicó a este diario otra fuente de Casa Militar.
Otro esquema similar aplicarían en el “Servicio de alquiler de módulos de vallas metálicas”, que son utilizadas en eventos presidenciales y actos oficiales. La operatoria es similar a la del alquiler de vehículos.
En este caso, se presentaron tres empresas, quienes ofertaron por todos los renglones: MEBA Producciones SRL $98.950.000 pesos; Grupo Argensan SRL -114.150.000 pesos- y Event Assistance SRL, que ofertó por 237.450.000 pesos.
El 24 de noviembre de 2024, se le adjudicó la licitación (23-0007-LPU24) a la empresa de Mario Cazenabe, Event Assistance SRL, que presentó la oferta más alta, por lejos. Además, Casa Militar le prorrogó el contrato, por el mismo monto, el 8 de mayo de 2025. Este fue perfeccionado y elevado a la suma de 273.000.000 pesos. Un total de 510,4 millones de pesos en menos de 6 meses.
El 22 de diciembre de 2025, se le adjudicó a Event Assistance SRL -otra vez el único oferente- el “Servicio de alquiler de módulos de vallas metálicas”, por 437.448.500 pesos.
“Event Assistance SRL es el proveedor habitual de este rubro. Se hace una licitación corta y se le avisa al proveedor que querés que gane, que ya tiene todo preparado antes de la apertura de ofertas, y así evitás que otros se presenten, o armás un pliego que solo cumpla con todos los requisitos una empresa”, detallaron fuentes consultadas cercanas a la confección del proceso de compra.
“Se declara que se utilizaron más metros lineales de vallas de las efectivamente usadas o se inflan los valores de los fletes de traslados, para poder generar una diferencia”, explicó la fuente de Casa Militar. que conoce la irregularidad de primera mano.
