La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia pusieron en marcha este sábado un operativo coordinado para despejar las rutas cortadas en la región andina, en medio de las protestas impulsadas por organizaciones campesinas y sindicales que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El procedimiento, denominado “Corredor humanitario”, movilizó desde la madrugada a unos 2.500 efectivos policiales y 1.000 militares, según informaron los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo del despliegue es restablecer la circulación en los principales accesos hacia la ciudad de La Paz, para permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno medicinal, además de facilitar el traslado de turistas varados.
Sokol señaló que las fuerzas de seguridad buscan liberar las vías “de manera pacífica” y aseguró que el operativo apunta a garantizar la libre circulación y el cumplimiento de la Constitución. En tanto, Balderrama explicó que los militares participan como apoyo a la Policía ante posibles incidentes.
Entre los tramos afectados figuran las carreteras que conectan con la región de Oruro, rutas hacia Perú por la localidad turística de Copacabana, ubicada sobre el lago Titicaca, y accesos del sur paceño.
Las manifestaciones son encabezadas por la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, que sostienen que el Gobierno no logró resolver los conflictos internos del país.
Al mismo tiempo, una movilización de seguidores del expresidente Evo Morales avanza hacia La Paz y prevé arribar el lunes para exigir la salida del mandatario.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica reclamaron la apertura de corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias, combustible, alimentos y medicamentos, además de promover instancias de diálogo entre las partes.
El Gobierno boliviano denunció además la existencia de un supuesto plan para alterar el orden constitucional, acusación que atribuyó a Morales y que el exmandatario rechazó.
Por otra parte, ocho países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación en Bolivia mediante un comunicado conjunto. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron cualquier intento de desestabilización institucional y respaldaron al Gobierno boliviano.
En el documento, los países instaron a los distintos sectores políticos y sociales a resolver sus diferencias mediante el diálogo y el respeto al orden democrático.
