Los movimientos comenzaban de noche. Bien de madrugada. Mientras buena parte de Olavarría dormía, camionetas especialmente acondicionadas recorrían distintos puntos de la ciudad buscando bocas de acceso al tendido subterráneo de telefonía. No eran ladrones improvisados ni ataques aislados. Según la hipótesis de la Justicia, detrás de esos robos existía una estructura organizada capaz de movilizar vehículos de carga, coordinar operativos a 400 kilómetros de distancia y extraer en minutos enormes tramos de cableado utilizando maquinaria industrial.
La investigación, encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, terminó revelando una logística que los propios investigadores describieron como propia de una superbanda.
Seis personas fueron formalmente acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al robo de cables y a la interrupción de las comunicaciones, en una causa que ahora avanza bajo una figura penal agravada incorporada este año al Código Penal para organizaciones criminales complejas.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La fiscal subrogante María José Buglione y el auxiliar fiscal Lucas Moyano sostienen que la banda actuaba con una división precisa de tareas, financiamiento y apoyo logístico estable.
El expediente se inició en noviembre de 2025, cuando un operativo policial logró frustrar un robo de cables en flagrancia en Olavarría, según develó el Ministerio Público Fiscal. Aquella madrugada fueron detenidos cuatro hombres –dos argentinos y dos uruguayos– y los investigadores descubrieron rápidamente que no estaban frente a un grupo improvisado.
Dentro de las camionetas hallaron herramientas específicas y sistemas mecánicos adaptados para arrancar cableado subterráneo. Los vehículos habían sido modificados con malacates (un dispositivo mecánico diseñado para mover cargas pesadas mediante un tambor giratorio que enrolla un cable), poleas y motores auxiliares capaces de extraer en pocos minutos largos tramos de cables enterrados.
Pero el hallazgo más inquietante apareció después. Es que el análisis de los teléfonos secuestrados permitió reconstruir contactos, viajes y movimientos financieros que llevaron a la fiscalía hasta un galpón ubicado en Avellaneda, en pleno Conurbano bonaerense. Allí apareció lo que para los investigadores era el verdadero centro operativo de la organización.
En el lugar secuestraron tres vehículos, una máquina industrial para cortar cable y separar cobre, bobinas de enrollado y otro camión especialmente acondicionado para las maniobras investigadas. También encontraron cables con la inscripción “Telefónica”, compatibles con el material sustraído durante los ataques.
La fiscalía sostiene que la estructura operaba con distintos niveles jerárquicos.
En la cima de la organización ubicaron a un hombre identificado como R.A.C., señalado como presunto financista y organizador general. Según la acusación, aportaba vehículos de gran porte, coordinaba la logística y solventaba los operativos mediante billeteras virtuales.
Junto a él aparece su pareja, M.A.L.A., considerada por los investigadores como el nexo entre la estructura empresarial y la operatoria criminal. Más abajo, la organización incluía supervisores de terreno, encargados de inteligencia previa, operarios especializados en extracción de cables y choferes responsables del traslado del material robado hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la Justicia fue la posible utilización de empresas fantasma para encubrir la actividad.
Durante la pesquisa apareció un camión identificado con el nombre de una sociedad anónima vinculada a dos de los imputados. Sin embargo, según la información incorporada al expediente, la firma no tenía CUIT activo ni registraba actividad comercial real. El domicilio declarado tampoco funcionaba como sede empresarial.
Para la fiscalía, esas sociedades podrían haber sido utilizadas como pantalla para justificar movimientos de vehículos y traslados entre el AMBA y Olavarría.
Los investigadores también detectaron vínculos del principal acusado con otras empresas sin actividad comprobable y con vehículos pertenecientes a firmas con las que no tendría relación comercial directa.
El impacto económico de los ataques fue enorme. Según la acusación, los robos provocaron pérdidas superiores a 20 millones de pesos para la empresa de telefonía afectada y dejaron sin servicio a casi mil usuarios, entre ellos dependencias policiales como la comisaría segunda de Olavarría y un destacamento de la Policía Federal.
Un expediente declarado “caso complejo”
L.N.
Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2025 y, de acuerdo con la fiscalía, siempre se realizaban de madrugada y bajo un esquema cuidadosamente planificado.
Durante la audiencia realizada ante el juez federal de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio, el Ministerio Público Fiscal pidió que el expediente fuera declarado como “caso complejo”, planteo que finalmente fue aceptado. El magistrado además convalidó un plazo de investigación de dos años y dictó prisión preventiva por 90 días para cinco de los acusados. Sin embargo, para los investigadores todavía falta una pieza central: el destino final del cobre.
Aunque en el galpón de Avellaneda encontraron equipamiento para procesar el material robado, no aparecieron hornos ni instalaciones de fundición. Eso llevó a la fiscalía a sospechar que existe otro eslabón todavía oculto dentro de la cadena de comercialización ilegal.
Por eso, en la Justicia creen que la organización podría ser todavía más grande de lo que hoy muestra el expediente.
