El gobierno nacional confirmó que dos de las empresas investigadas por la justicia por supuestamente pagar sobornos para obtener las SIRA concretaron la operación de importación para obtener dólar a precio oficial. Así se lo informó la Secretaria de Comercio a la justicia federal que investiga la causa penal.
El organismo contestó un pedido de informes del fiscal federal Franco Picardi con los documentos de esas operaciones, informaron a Clarín fuentes judiciales. Resta que responda quiénes fueron los funcionarios nacionales que intervinieron en la aprobación que ocurrió en 2023. En ese entonces la Secretaría de Comercio estaba a cargo de Matías Tombolini, un funcionario cercano a Sergio Massa, quien era el ministro de Economía de la Nación.
Con esa información para los investigadores se cierra un círculo: la intermediación del financista Martín Migueles y de otras personas que se revelaron en chats y audios para acelerar las SIRA a cambio de coimas concluyeron en su efectiva aprobación y el acceso a dólar oficial.
En la causa, a cargo del fiscal Picardi y del juez federal Ariel Lijo, se investigan maniobras irregularidades para la compra oficial de dólar por parte de casas de cambio cuando regía el cepo cambiario y el pago de sobornos para la aprobación de SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina, que estuvo vigente en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández.
La investigación sobre los sobornos surgió a partir del análisis del celular de Migueles, un financista que se tomó trascendencia por su relación con Wanda Nara y que era socio en casas de cambio con Elías Piccirillo y Francisco Hauque. En el móvil aparecen conversaciones para la aprobación de SIRA de parte de por lo menos cuatro empresas.
“Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H.” y “Cowdin SA” son las compañías que el gobierno confirmó que concretaron la operación. Nemes es un compañía que debía importar autoelevadores y sus repuestos. La importación se hizo por 54.600 dólares.
En nombre de la empresa se contactó Ariel Saponara con Migueles. Fue el dos de marzo de 2023 con el siguiente mensaje: “Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas”.
A partir de allí comienza una conversación en la que Migueles le confirma que se va a aprobar: “Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?”.
En esa gestión también participó Héctor “El Pipo” Caputto. “Amigo ya esta firmado lo de las maquinarias”, le avisó Caputto a Migueles en otro de los mensajes.
Por su parte, Cowdin SA es una empresa de maquinaria vial y equipamiento pesado. Su nombre no aparece en los chats de Migueles pero el financista hace referencia en sus conversaciones a un número de expediente. Con esa información, la justicia rastreó y confirmó que se trata de esa compañía.
La Fiscalía de Picardi, que trabaja desde el año pasado con muchas medidas de prueba, espera otras respuestas clave para la investigación. Una de ellas es de la Secretaría de Comercio a quien le solicitó el “listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades” que son investigadas. Además de Nemes y Cowdina aparecen Técnicas Ferroviarias Argentina S.A. y Fizika S.R.L.
También hay pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Inspección de Justicia (IGJ) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que hay remitió parte de lo solicitado y se comenzó a analizar. Por otra parte, también se dispuso el peritaje de los celulares y equipos tecnológicos que se secuestraron en los últimos allanamientos.
Migueles se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py e hizo una presentación con un primer descargo sobre la acusación en su contra. Allí reconoció que participó de lo que llamó una “intermediación” para aprobar las SIRA.
“Las situaciones de intermediación son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito”, señaló en la presentación que hizo junto a su abogado Yamil Castro Bianchi. Y aclaró: “No le pagué a ningún funcionario público”.
