El Gobierno nacional volvió a cuestionar la movilización universitaria realizada este martes en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, al sostener que estuvo motorizada por sectores opositores. Mientras desde el oficialismo buscaron relativizar la convocatoria y pusieron el foco en el financiamiento y la estructura de las universidades nacionales, desde el ámbito académico insistieron en el deterioro presupuestario y salarial que atraviesa el sistema universitario público.
El Gobierno nacional minimizó el alcance de la marcha universitaria realizada este martes y aseguró que la protesta estuvo impulsada por sectores políticos opositores. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la movilización tuvo un carácter “político” y cuestionaron el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras miles de personas se concentraban en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país para exigir mayor presupuesto para las universidades nacionales, el presidente Javier Milei siguió el desarrollo de la jornada desde la Quinta de Olivos. Además, compartió en redes sociales publicaciones críticas hacia la protesta, aunque evitó pronunciarse públicamente de manera directa.
Desde el oficialismo insistieron en que la movilización respondió a intereses políticos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.
“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.
En paralelo, el Ejecutivo buscó relativizar la magnitud de la convocatoria. Según la estimación oficial, la movilización reunió a unas 135 mil personas en todo el país, una cifra muy inferior a la difundida por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien calculó más de 1.500.000 asistentes.
El oficialismo también hizo foco en la participación de referentes opositores como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la CGT y el exministro Sergio Massa.
La discusión por el financiamiento universitario
Además de cuestionar la movilización, el Gobierno trasladó el debate hacia el funcionamiento y la administración de las universidades nacionales. Alejandro Álvarez sostuvo que el Estado debe administrar alrededor de 400 mil millones de pesos destinados a salarios universitarios y consideró que “se pagan para obtener un resultado que hoy no se está obteniendo”.
En declaraciones al portal de TN, el subsecretario aseguró que existe una baja relación entre la cantidad de estudiantes y los graduados, y señaló que también hay una discusión sobre la cantidad de docentes dentro del sistema universitario.
“Por supuesto (que los docentes deberían ganar más), pero el presupuesto es finito. Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata”, afirmó.
Consultado sobre si consideraba que había docentes de más en las universidades, respondió: “Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil (docentes). Es una discusión que no está saldada”.
El escenario salarial y presupuestario
Actualmente, un docente universitario de la categoría más alta y con dedicación exclusiva percibe un salario básico de $1.582.283, sin contemplar antigüedad, especializaciones, descuentos o aportes.
El debate ocurre en un contexto de deterioro salarial dentro del sistema universitario nacional. Según datos difundidos en el informe, los salarios universitarios perdieron un 33,7% de poder adquisitivo en los últimos dos años. La caída supera ampliamente la registrada en el conjunto del sector público, que fue del 18,4% hasta febrero, y también se ubica por encima del retraso de los salarios del sector privado registrado.
A su vez, el gasto de la administración pública nacional destinado al programa de Desarrollo de la Educación Superior cayó un 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025. De acuerdo con las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2026, la reducción alcanzaría el 41,2%.
El análisis fue elaborado por el Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET, en base a datos del Ministerio de Economía, el INDEC y el BCRA.
En otro episodio reciente vinculado a la situación presupuestaria, directivos de hospitales universitarios de la UBA denunciaron que todavía no recibieron fondos durante 2026 y advirtieron que la atención podría verse afectada.
Desde el Gobierno señalaron que las transferencias destinadas a gastos de funcionamiento fueron ejecutadas, aunque reconocieron que un fondo superior a los 79 mil millones de pesos aún no fue distribuido debido a un cambio de criterio en la administración de esos recursos.
