La Cámara Federal de Casación Penal concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015. La decisión implica que el exfuncionario abandonará la cárcel de Ezeiza, donde cumplía una condena de cuatro años por la Tragedia de Once y por la compra indebida de GNL durante su gestión.
Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci revocaron la negativa del Tribunal Oral Federal y dispusieron que De Vido continúe su condena en su domicilio. Los camaristas basaron su resolución en el reciente infarto que el exministro sufrió el 1 de abril, y que requirió una angioplastia con colocación de stent. Además, consideraron los informes del Cuerpo Médico Forense, los cuales advirtieron que el exministro, de 76 años, presenta un “alto riesgo cardiovascular” y padece patologías complejas, como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.
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Condena por la Tragedia de Once
Casación ponderó el informe médico que aseguró que “si no se cumplía total o parcialmente con las exigencias señaladas, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para el alojamiento del mencionado, incrementando el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud».
Tras analizar la presentación, los camaristas concluyeron que la cárcel de Ezeiza no puede asegurar los cuidados médicos que De Vido precisa en este momento. En ese marco, el TOF 4 ya ordenó su traslado de manera inmediata. La Cámara también le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.
De Vido fue condenado en 2018 por el TOF N°4, que determinó que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea Sarmiento. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, los magistrados lo consideraron responsable del manejo irregular de los recursos.
Según el fallo, el Ministerio de Planificación omitió controlar el destino del dinero pese a los reiterados informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario.
La condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y en 2024 la Corte Suprema confirmó la responsabilidad penal del exfuncionario. Sin embargo, el máximo tribunal ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente quedó fijada en cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con el rechazo de los últimos planteos de las partes, el máximo tribunal cerró definitivamente la causa y desestimó el intento de la defensa de declarar la prescripción del expediente. La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos, luego del choque de una formación del tren Sarmiento que no logró frenar al llegar a la estación terminal.
