La parálisis del sistema educativo superior se profundiza debido al incumplimiento de la Ley 27.795, una normativa que exige la actualización salarial por IPC pero permanece ignorada por el Ejecutivo pese a las ratificaciones judiciales. Al respecto, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Franco Bartolacci advierte que la gravedad del conflicto pone en jaque la institucionalidad: “La marcha no es solo por la universidad sino por la democracia, porque Milei no está cumpliendo una ley”.
El politólogo, docente e investigador, Franco Bartolacci, es Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue elegido para este cargo por primera vez en 2019, sucediendo a Héctor Floriani, y resultó reelecto en 2023 por un mandato que se extiende hasta 2027. Antes de llegar al rectorado, consolidó su trayectoria política y académica en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde ejerció como Decano durante dos períodos consecutivos.
¿Qué expectativa tienen después de la triste noticia de que, finalmente y en contra de lo que se suponía, la Justicia no falló a favor de lo que era esperable?
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Nosotros tenemos la expectativa de que finalmente la Justicia nos asista en un reclamo que consideramos justo, que sería un absurdo en cualquier país normal del mundo: que una ley se cumpla.
Debe haber pocas leyes en la historia institucional argentina con tanta legitimidad, porque fue aprobada por el Congreso, sostenida con mayoría especial para rechazar el veto, sostenida incluso en diciembre del año pasado, cuando se intentó derogar en el marco de la discusión del Presupuesto 2026, aún con una nueva composición del Congreso de la Nación, y que tiene fallo en primera instancia y confirmación en segunda instancia.
Y, por supuesto, la expectativa es que sea contundente la manifestación de la sociedad argentina mañana en Buenos Aires, en el acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas, y en todo el país donde hay universidades públicas. Necesitamos que sea el pueblo, con su voz, el que logre conmover lo que no conmovió hasta ahora ni las gestiones que realizamos con mucha responsabilidad a lo largo de este tiempo ante las autoridades nacionales, ni una ley aprobada con esa legitimidad por el Congreso, ni lo que ordena la Justicia en los fallos que va disponiendo.
Independientemente de lo merecido de la ley, hay normas que, como todos sabemos, tienen más legitimidad que otras por lo que disponen y porque cuentan con un amplio consenso, como ocurre en este caso. Y puede haber otras con las que simplemente una parte de la sociedad esté de acuerdo y el resto no. Pero el hecho de que no se cumpla una norma, independientemente de lo justo que pueda ser el reclamo, ¿no demuestra de alguna manera que estamos al límite de un sistema no democrático?
Sin duda es un antecedente, en términos institucionales, muy peligroso. Porque hoy puede ser, como bien señalaba usted, la ley de financiamiento universitario; mañana puede ser cualquier otra ley. Y no es que la ley vale cuando a mí me gusta y cuando no me gusta tanto vale menos. La ley vale para todos y vale por igual.
Y esta es una ley importante porque, además, repara y cuida lo que la Argentina hace bien, que es su sistema universitario y su sistema científico nacional. Hay que repetirlo también: no es una ley que prevé aumento para las universidades, es una ley que recompone la situación existente en 2023.
Del 2023 para acá, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%. Estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades en todos los aspectos. Lo más angustiante hoy, naturalmente, es la situación salarial del personal docente y no docente, que está realmente muy mal.
Yo podría dar muchos datos al respecto, pero uno que, a mi juicio, sintetiza muy bien la situación: cerca del 70% de los trabajadores de la educación superior hoy perciben un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes.
Y nadie pide un trato privilegiado para los trabajadores de las universidades en un contexto tan delicado de la economía, donde hay mucha gente que la pasa mal, pero sí un salario digno por la tarea que realizan, que es ni más ni menos que formar a las futuras generaciones de profesionales del país.
Entonces, nos dicen: ‘Hay una situación compleja de la economía’. Por supuesto, y todos queremos contribuir a ordenar esa situación. De hecho, las universidades, con ese ajuste que se produjo en este año, lo hemos hecho sobradamente. Ahora, un presupuesto es una declaración de principios. Siempre las necesidades son mayores a los recursos. Y uno dice que sí y qué no. El punto es que nosotros decimos que hay que priorizar la inversión en estas cosas porque es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo, que invierten más del 2% del PBI en educación superior y ciencia, incluso sin tener un sistema universitario público tan robusto como el argentino. No porque sean ricos o les guste derrochar, sino porque saben que la sociedad del conocimiento es estratégica.
Nosotros estamos en el punto histórico más bajo: 0,4%, incluso por primera vez por debajo de todos los países de la región. Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo, en el 0,6, pero es una ley que, garantizando esos recursos, repara las situaciones angustiantes que hoy estamos atravesando y que ponen en juego la posibilidad de desarrollar con normalidad nuestras actividades.
Usted hace una defensa sectorial y yo nuevamente quiero apelar a su formación. Me parece que el problema es mucho más grave: no es un tema de las universidades, sino el incumplimiento de una ley. ¿No implica eso cruzar una especie de Rubicón respecto de los deberes del funcionario público? Y, al mismo tiempo, me sorprende que la Justicia, en segunda instancia, no haya respondido más rápidamente a la apelación que realizaron. Quiero decir, hay una cuestión institucional en juego, no es un tema universitario, sino de todo el país.
Sí, hay que advertirlo con la gravedad que usted lo hace, porque el riesgo de naturalizar estas situaciones es que no te vas dando cuenta nunca de que todos los días se va corriendo un poco más la línea y finalmente, en un momento, te encontrás, en términos institucionales, en un escenario de extrema gravedad.
Nosotros tenemos la expectativa de que la Corte rápidamente falle, disponiendo lo que se debe disponer en un Estado de derecho: que una ley que está aprobada con esa legitimidad debe cumplirse como corresponde.
Y, por supuesto, eso también lo quiero decir: hay disposición del sistema universitario a conversar con las autoridades nacionales la manera de hacer operativa la aplicabilidad de esa ley, porque nadie en su sano juicio puede pretender que un 50% de recomposición se produzca de un día para el otro, pero siempre sobre la base de lo que la ley consagra en su texto y el cumplimiento de lo que allí se establece.
Marcha universitaria: la CGT se suma a la convocatoria
Ahora, para que eso ocurra, también las autoridades nacionales deben convocar al diálogo. Y lo otro que es insólito es que, con un problema que venimos haciendo evidente con tanta vehemencia a lo largo de tanto tiempo, ni siquiera tengamos un ámbito donde poder resolver y sintetizar estas posiciones. Hace más de dos años que no funciona la paritaria nacional y probablemente, si eso funcionara, no hubiésemos llegado a este punto.
Entonces, ojalá la manifestación, que necesitamos de verdad que la asuma como propia no la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad argentina en su conjunto, logre conmover para que empiecen a aparecer algunas respuestas.
Salvando las gigantescas distancias, como aquella Plaza de Mayo durante el último intento de golpe contra el gobierno de Raúl Alfonsín, esto no es un tema de las universidades. Es la sociedad la que debe movilizarse porque lo que hoy está en discusión es el Estado de derecho. Una ley votada dos veces y que no se aplica pone en debate si estamos o no ante un funcionamiento pleno de la democracia. Incluso, podría considerarse que el Gobierno nacional incumple sus deberes de funcionario público, ya que no cumplir una ley constituye un delito.
Nosotros lo hemos dejado en claro en todas las presentaciones que hemos hecho acerca de la causa judicial.
Por supuesto que somos muy respetuosos del proceso que está desarrollándose, pero efectivamente por eso la convocatoria de mañana plantea no solo la defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia, sino también la defensa de la democracia, porque es eso finalmente lo que está en juego ante el incumplimiento de la ley.
MV
