En una reunión con Marcelo Colombo -presidente de la Conferencia Episcopal Argentina- y el obispo Carlos Tissera, funcionarios bonaerenses e intendentes peronistas ratificaron el reclamo y las advertencias al Gobierno sobre la profundización de la situación social crítica en el Gran Buenos Aires y otros conurbanos del país.
Como habían planteado ante los ministerios de Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano), en esos casos sin ser recibidos, los jefes comunales encendieron las alarmas por el aumento de la demanda de asistencia y el deterioro de las condiciones de vida de la clase media.
Al encuentro en la sede del Episcopado asistieron Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura bonaerense), el legislador provincial Mariano Cascallares y los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela) y Pablo Descalzo (Ituzaingó), entre otros.
Con un diagnóstico compartido sobre las urgencias sociales y la caída de los recursos para mitigar las carencias, acordaron avanzar con una mesa de diálogo intersectorial coordinada por la Iglesia e integrada por dirigentes del empresariado, organizaciones sociales, sindicatos, docentes y distintos espacios políticos.
“Tenemos una caída fuerte de la recaudación, con el desplome de la coparticipación y la actividad económica, y un aumento de la demanda de asistencia que hace que todos los días estemos atajando penales. Todo se va haciendo insostenible, no sabemos cuánto va a aguantar”, transmitió uno de los presentes el tono de la charla.
“Todos los conurbanos del país atraviesan una situación muy delicada y el Gobierno sigue en su isla de la fantasía, sin ningún tipo de conexión con la gente. Es el peor de los escenarios”, apuntó Espinoza, titular de la Federación Argentina de Municipios.
Aun así, como contó Clarín, los intendentes por el momento no vislumbran la posibilidad de un estallido y en este caso hablan de implosión, con crecimiento de las adicciones, la violencia intrafamiliar y los trastornos de salud mental.
El gobernador Axel Kicillof suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, que se repartía en las escuelas públicas bonaerenses, otra muestra de la manta corta de los recursos, lo que generó un nuevo cruce con La Cámpora.
El senador Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia. Desde la Gobernación replicaron que habían aumentado un 30% el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y reforzado los planes de asistencia alimentaria para otros sectores.
En la misma jornada en que Colombo recibió a funcionarios e intendentes peronistas, la Conferencia Episcopal difundió que también se reunió con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y con la diputada libertaria Juliana Santillán, titular de la comisión de Relaciones Exteriores, por el vínculo de la Iglesia con la Cancillería además del ministerio de Capital Humano.
Con los dirigentes peronistas otra coincidencia fuerte de la jerarquía de la Iglesia gira en torno al rechazo de la disolución de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), creada en 2018 con el propósito de avanzar en la urbanización de los barrios populares.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. ¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, reclamó el arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Caritas, en una conferencia de prensa con la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”.
A fines de abril Colombo cuestionó al Gobierno por desmantelar la SISU en una misa al aire libre en un barrio popular de La Matanza por el aniversario de la muerte del Papa Francisco, en la que denunció la “ausencia del Estado” en los barrios populares y el consiguiente “avance del narcotráfico”.
