El 20 de mayo se conocerán los fundamentos de la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Habrá referencias a lo ocurrido durante el debate, las posturas acusatoria y defensivas.
La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados -un tribunal colegiado y mixto- fue unánime, lo que ya anticipa un fuerte aval a la hipótesis que planteó la fiscal general adjunta, Betina Croppi en su alegato final respecto a por qué los tres exmagistrados, cada uno a su turno, incurrió en mal desempeño y negligencia grave al investigar el homicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre de 2006.
Es posible sintetizar los ejes centrales que se ventilaron en el debate del siguiente modo.
Javier Di Santo: la investigación que buscaba a la víctima
El error fundacional fue instalar, aún antes de la autopsia, que Nora Dalmasso mantuvo relaciones sexuales consensuadas antes de ser asesinada. El fiscal nunca se planteó que Nora pudiera no haber consentido esas relaciones. Esa hipótesis instalada sin prueba determinó el rumbo de toda la investigación inicial. Se interrogó a 58 testigos preguntándoles sobre los amantes y costumbres de Nora, transformando su imagen pública en la de una mujer promiscua.
Todo eso ocurrió mientras surgían alertas, algunas tímidas y otras más explícitas, sobre Roberto Bárzola, el único obrero que estuvo en la casa el día del crimen. Mentía sobre sus movimientos, conocía las cámaras del barrio y había construido una coartada. 21 cassettes con sus llamadas telefónicas nunca fueron escuchados.
Di Santo imputó al pintor Gastón Zárate hasta que fue liberado por falta de pruebas, y luego apuntó al hijo de la víctima Facundo Macarrón, a quien sometió a cinco años de sospecha de un matricidio sin sustento sólido. La ceguera investigativa surgió en los primeros pasos de la pesquisa.
Miralles: una imputación sin respaldo
El fiscal Daniel Miralles llegó a la causa en 2016. Se reunió con los hijos de Nora. Pero su actuación derivó rápidamente en una imputación apresurada contra Marcelo Macarrón, basada en una única declaración sobre un posible móvil económico y en teorías periciales ya superadas. Miralles ignoró los informes de 2012 que ya habían explicado que la presencia de ADN de Macarrón en el cuerpo de la víctima era por razones de convivencia.
Su hipótesis —que Marcelo había viajado desde Uruguay, asesinado a su esposa y regresado—resultó poco factible de llevarse a cabo.
Pizarro: el complot que nunca pudo probar
El tercer acusado, Luis Pizarro, tomó la causa en 2017 con una hipótesis de complot criminal de escala política: Marcelo Macarrón habría contratado a un sicario para asesinar a Nora y sexualizar la escena, con el objetivo de perjudicar al entonces secretario de seguridad provincial, Alberto Bertea.
Pero, Pizarro no identificó al sicario, no determinó cuándo ni cómo fue contratado, no investigó a los obreros y eludió las evidencias genéticas clave, específicamente el haplotipo “Y” –masculino- de origen desconocido encontrado en siete segmentos del cinto de la bata. Elevó la causa a juicio sin haber probado un solo eslabón de la cadena que él mismo había construido.
Omisiones, sesgos e hipótesis sin anclaje probatorio, fueron las evidencias del mal desempeño.
