El sistema de transporte público de pasajeros en el interior del país atraviesa una etapa crítica marcada por aumentos en las tarifas, recortes de servicios, conflictos laborales y caída de pasajeros. En distintas provincias, las empresas advierten que el incremento de costos operativos y la eliminación de subsidios nacionales profundizaron una crisis que impacta tanto en los usuarios como en los trabajadores del sector.
En Santiago del Estero, los concejos deliberantes de la capital y de La Banda acordaron una suba del 22% en el boleto urbano, que pasará de $1.140 a $1.390. La actualización llega luego de cinco meses sin modificaciones tarifarias y en medio de reclamos por la falta de fondos compensatorios nacionales. Desde los municipios señalaron que el aumento responde al encarecimiento del combustible, los repuestos y la baja en la cantidad de pasajeros transportados.
En Bahía Blanca también avanzó un incremento escalonado del boleto, aprobado por una ajustada mayoría en el Concejo Deliberante. La tarifa plana subirá inicialmente de $1.545 a $1.838,50 y luego tendrá nuevas actualizaciones en junio y julio, tomando como referencia la inflación informada por el INDEC más un adicional del 3%. De concretarse el esquema completo, el aumento acumulado rondará el 30%.
La votación estuvo atravesada por tensiones políticas, ya que la ausencia de dos concejales de La Libertad Avanza resultó clave para habilitar el tratamiento y posterior aprobación del proyecto impulsado junto al oficialismo y el bloque PRO.
En Esquel, Chubut, la comisión de Transporte aprobó llevar el boleto urbano de $1.200 a $1.600 hasta fines de junio y a $1.800 desde julio. Sectores opositores rechazaron la iniciativa al considerar que los cálculos presentados por la empresa prestataria contenían inconsistencias y que la suba trasladará un fuerte impacto económico a las familias.
El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, sostuvo que el retraso en la actualización tarifaria agravó la situación y remarcó que la inflación y el aumento internacional de los combustibles golpean de lleno la estructura de costos del servicio.
En Jujuy, el gobierno provincial autorizó un incremento del 3% en las tarifas de media distancia. Con la actualización, viajar desde San Salvador hasta La Quiaca costará $31.800, mientras que el tramo hasta Humahuaca alcanzará los $14.400.
La medida se da en un contexto de denuncias por despidos y reducción de servicios. Trabajadores desvinculados de la empresa Santa Ana denunciaron irregularidades laborales, falta de elementos de seguridad y descuentos indebidos vinculados a roturas de repuestos. Además, cuestionaron la falta de respaldo sindical ante los reclamos salariales.
Desde la Cámara de Transporte de Jujuy alertaron que más de 1.600 puestos laborales podrían verse afectados si continúa el deterioro financiero del sistema. El titular de la entidad, Guillermo Ruiz, afirmó que las empresas comenzaron a reducir frecuencias y horarios ante la imposibilidad de afrontar los costos operativos, especialmente por el valor del combustible.
En Tucumán, empresarios del transporte solicitaron una fuerte actualización tarifaria que podría llevar el boleto mínimo de $1.250 a $2.400. El pedido comenzó a ser analizado esta semana por la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.
El presidente de la comisión, José María Franco, reconoció que habrá una actualización, aunque aclaró que primero revisarán el estudio de costos presentado por las compañías. La discusión incluirá además otros aspectos vinculados al funcionamiento general del sistema urbano.
La crisis también impacta sobre los salarios. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los choferes tucumanos cobrarán el sueldo de abril en dos cuotas: un primer pago inmediato del 50% y el saldo restante el próximo 20 de mayo. Desde el gremio explicaron que la medida busca evitar despidos en un escenario financiero delicado para las empresas.
En Chaco, la firma ERSA suspendió sin goce de haberes a 40 choferes durante mayo. La empresa argumentó que la caída de más del 20% en la cantidad de pasajeros transportados durante el primer trimestre, sumada al incremento del gasoil y la reducción de unidades en circulación, generó un déficit que impide sostener la operación normal del servicio.
Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en el Área Metropolitana de Buenos Aires la cantidad de pasajeros cayó un 21% interanual. Además, durante el primer cuatrimestre de 2026 la oferta de colectivos se redujo un 30%, con recortes aún mayores en los servicios interjurisdiccionales.
En las provincias, el escenario se agravó tras la eliminación de subsidios nacionales al transporte dispuesta por el gobierno de Javier Milei a fines de 2023. Con aumentos constantes y menores frecuencias, distintos sectores advierten que el transporte público comienza a transformarse en un servicio cada vez más inaccesible para parte de la población.
