Hace muchos años que un discurso de apertura de sesiones de la Legislatura misionera no dejaba tanta tela para cortar. El gobernador Hugo Passalacqua sacudió la modorra del feriado por Día del Trabajador con anuncios de alto voltaje y definiciones políticas contundentes. El Gobierno nacional, a través del propio Milei y de sus delegados en Misiones, también marcó posicionamientos claros que dejaron la mesa servida para el análisis de contrastes.
Después de casi dos años y medio de gestión libertaria, el país cambió y ese cambio dejó ganadores y perdedores. La nueva matriz económica muestra a una Argentina bipolar en la que un puñado de sectores intensivos en capital pero que no demandan mano de obra está en pleno auge mientras todo lo demás se derrumba.
Energía, intermediación financiera, minería y el agro exportador de la Pampa Húmeda crecen rápidamente, exactamente lo contrario ocurre con la industria, la construcción, el comercio y las economías regionales. La nueva Argentina es un país que genera pero no derrama. Los negocios que funcionan no crean empleo y requieren inversiones imposibles para el universo pyme.
El programa libertario logró ordenar aspectos importantes de la macro, pero hace agua en la micro. Datos como la caída del empleo registrado, cierre de empresas, desplome del consumo masivo y retracción en la recaudación en todos los niveles, dan cuenta de un modelo que generó más perdedores que ganadores.
La coyuntura plantea un debate entre quienes están convencidos de que el modelo no debería tocarse y que los diferentes actores de la economía son los que deberían adaptarse y, por otro lado, los que entienden que es el modelo el que debería adaptarse a la realidad de los distintos actores de un país tan diverso como Argentina.
Ese debate estuvo presente esta semana en el tradicional foro empresarial del Llao Llao en Bariloche, en el informe de gestión de Manuel Adorni al Congreso y también en el discurso de apertura de sesiones de Passalacqua que reflejó el posicionamiento de Encuentro Misionero frente a la coyuntura nacional y su impacto local.
Lo de Adorni no dejó lugar a dudas. Las respuestas del jefe de gabinete a las preguntas de los legisladores nacionales de todo el país estuvieron en perfecta consonancia con el discurso del presidente Milei en el AmCham Summit: el modelo no se toca, al contrario, se va a profundizar y a quien no consiga adaptarse le tocará extinguirse.
Ante la consulta de legisladores nacionales de Encuentro Misionero, Adorni reiteró la postura libertaria frente a la crisis de los productores yerbateros. Para el funcionario nacional, la drástica caída en los precios de la materia prima, que llegó como resultado de la desregulación dispuesta por Milei, fue una bendición porque favoreció las exportaciones y abarató el consumo interno.
Que el consumidor tome mate barato y que el molinero grande exporte más, todo a costilla de la miseria del pequeño productor y del hambre del tarefero, es un cambio positivo de acuerdo con la óptica libertaria.
Lo reafirmó el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Martín Correa, que en una entrevista con FM Show argumentó que los tiempos de precios altos de la hoja verde resultaron negativos para el sector porque incentivaron el ingreso de “oportunistas”, lo que provocó un exceso de oferta de materia prima.
Situación que fue corregida, según Correa, por la desregulación que borró de un plumazo los precios favorables para los productores beneficiando así a consumidores y exportadores. Reconoció tibiamente que “algún actor de la cadena podría resultar perjudicado” y aclaró que para ellos no habrá ningún tipo de contención.
Adaptarse o morir es la consigna de la hora.
Para los grandes empresarios es más fácil porque disponen del capital para hacerlo. Del asunto se habló largo y tendido en el foro del Llao Llao donde las conversaciones giraron en torno a los planes de reconversión de compañías de sectores perjudicados por el nuevo esquema. Como las fabricantes de electrodomésticos y productos de consumo masivo, que ahora se orientan hacia actividades más redituables como la exportación de materias primas del agro o la explotación de los recursos de Vaca Muerta.
Algo parecido sugirió el presidente de La Libertad Avanza de Misiones, Adrián Núñez, a los productores misioneros que enfrenten dificultades. Mencionó a la ganadería y a la soja como alternativas más rentables.
El problema es que para un colono minifundista las posibilidades de adaptación son bastante más acotadas que las que tienen, por ejemplo, los eternamente subsidiados industriales de Tierra del Fuego. Para el propietario de una chacra de 25 hectáreas, la yerba mate no es una opción sino la única alternativa viable para su unidad productiva, al menos lo era hasta diciembre de 2023.
El modelo que se adapta
Frente a la dificultad de gestionar un territorio particularmente desfavorecido por las políticas nacionales, el Gobierno provincial marca una diferencia crucial frente a su par nacional: mientras Milei se aferra al dogma libertario y espera que la realidad se adapte a sus ideas, la Provincia se muestra dispuesta a cambiar sus esquemas para preservar el trabajo, la producción y la industria.
El concepto es adaptar el gobierno a las necesidades del privado, del productor y del ciudadano de a pie en vez de pretender que sean estos los que se adapten al modelo.
Esa flexibilidad alcanza a políticas tan medulares para el funcionamiento del Estado como la política fiscal, que en Misiones se viene acomodando a la situación real de una economía nacional que cierra en verde en las planillas, pero se va a pique en los comercios, las industrias y las chacras.
En esa línea, el gobierno de Encuentro Misionero viene dando señales de alivio para el sector privado. Algunas tendientes a reducir la carga burocrática y otras que directamente se traducen en una menor presión impositiva, como la reducción de alícuotas de IIBB a la industria y a combustibles.
Pero la medida más significativa en lo que la política fiscal se refiere, se concretó esta semana con el anuncio de la eliminación de la llamada “aduana paralela” que a partir del 1 de julio dejará de cobrar anticipo de Ingresos Brutos en los puntos de acceso a la provincia.
La decisión impulsada por el espacio Encuentro Misionero, presentado en sociedad hace un par de semanas por Carlos Rovira, fue anunciada formalmente por el gobernador Hugo Passalacqua en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.
El mandatario aclaró que la exclusión del pago a cuenta para las Pymes en el control de fiscal en ruta de la ATM, será “de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno”, incluirá a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.
“El 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia”.
Además, se dispuso para los nuevos contribuyentes, la exclusión del pago a cuenta desde su alta, a efectos de atraer “aún más inversiones legítimas a la provincia”.
Para el gobierno provincial no se trata de un cambio menor. La eliminación del pago a cuenta de IIBB en los controles de acceso representa resignar una herramienta muy eficiente desde la óptica de la eficiencia fiscal y el combate a la evasión. La medida anunciada por Passalacqua muestra a un gobierno dispuesto a salir de su zona de confort para adaptarse a la realidad del privado.
La eliminación de la aduana paralela además tendrá un efecto en la discusión pública. Porque de no revertirse la crisis del comercio local con esta medida, la oposición libertaria, que había centrado buena parte de su discurso en este punto, quedará ahora frente a un desafío mayor: explicar por qué, aun con menos carga directa en este aspecto, la economía no despega.
Otro aspecto en el que el Gobierno de Misiones rompió sus propios moldes pasa por el financiamiento externo, opción que siempre se buscó evitar y que ahora, atendiendo a nuevas necesidades, se contempla, aunque con mucha prudencia.
Ocurre que el retiro de la inversión nacional en obra pública provocó un marcado deterioro de la infraestructura en todo el país, realidad que llevó a Misiones a buscar alternativas de financiamiento para avanzar en mejoras necesarias que sería imposible costear con recursos propios.
En ese plan ya está en marcha la línea de alta tensión que llevará energía desde Posadas a Oberá y Alem y según anunció el Gobernador, en septiembre el BID aprobará una línea de financiamiento para varias obras que incluyen: la repavimentación de la ruta provincial 17, un puente sobre el arroyo Piray Miní y mayor conexión con los municipios de Pozo Azul, Santiago de Liniers y 9 de Julio. Además la pavimentación de la ruta provincial 205 que conectará con la calzada asfaltada a la autovía RN 105 con Fachinal.
“Debido al abandono escandaloso sobre las rutas nacionales, vamos a intervenir con mayor infraestructura la ruta nacional N14, mejorando el deterioro evidente en el tramo Alem–Campo Viera incorporando terceras trochas. Y sumado a estas obras, la provisión de agua potable en Bernardo de Irigoyen, Colonia Aurora, construcción de 7 escuelas nuevas y 17 proyectos de electrificación rural”, detalló.
También se están realizando gestiones con el Banco de Desarrollo Fonplata para una financiación de 42 millones de dólares para la conclusión del saneamiento del arroyo Mbotaby en Oberá, la ampliación del sistema de toma de agua sobre el río Iguazú, la estación transformadora de Garupá, un puente sobre el arroyo Tabay, la terminación del plan de viviendas en los barrios Roulet y Pinares de Eldorado, Parques Solares y Plan Troncal Sur en la ciudad de Oberá.
La idea es recurrir a financiamiento externo solamente para avanzar en obras de infraestructura, nunca para cubrir gastos corrientes.
Economía con freno de mano
El consumo masivo volvió a caer dejando evidencia de la retracción del poder de compra de la gente.
Según el relevamiento de la consultora Scentia, en marzo las ventas en unidades retrocedieron 5,1% interanual, encadenando tres meses consecutivos de caída y cerrando el primer trimestre con una contracción acumulada de 3,1%.
Los supermercados perdieron 7%, los mayoristas se desplomaron 8,8%, los autoservicios independientes cayeron 5,1% y los almacenes y kioscos retrocedieron 4,5%. El único canal que sobrevive en terreno positivo es el comercio electrónico, un dato que dice más sobre la transformación del hábito de compra que sobre una recuperación genuina del poder adquisitivo.
El deterioro de la economía real de las familias aparece como factor determinante en todas las encuestas que de diciembre a esta parte muestran una sostenida caída en la imagen del presidente Milei y de su gestión.
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en abril para Javier Milei fue de 2,02 puntos sobre 5, lo que marcó una disminución de 12,1% respecto de marzo, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor registró una caída mensual de 5,68% con una pronunciada baja en los hogares de menores ingresos (12,6%).
La última encuesta de AtlasIntel, reconocida por ser la que anticipó el triunfo de Milei en 2023, señala que la aprobación de Milei cayó al 35,5%, mientras que la desaprobación trepó al 63%. Las proyecciones no son mejores: 56% cree que la economía y el mercado laboral van a empeorar en los próximos seis meses y 49% espera lo mismo para su hogar. La foto micro completa el cuadro de una sociedad que redujo consumos para enfrentar la suba de precios (58,4%), se endeuda (32,8%) y busca ingresos adicionales (19,6%).
Un estudio de Hugo Haime & Asociados arrojó que el 53,5% opina que Milei tiene “malas ideas”, contra apenas 25,8% que cree que tiene buenas propuestas y que sabe gobernar. La otra conclusión aparece cuando se pregunta por el responsable principal de los actuales problemas económicos del país: 38,7% señala a la política económica de Milei, 33,1% culpa a la política económica del kirchnerismo y 25,7% reparte responsabilidades por igual.
La más reciente encuesta de Management & Fit señala que si las elecciones presidenciales fueran mañana, 51,6% votaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, 42,8% optaría por alguna forma de continuidad, aunque sólo 14,8% elegiría una continuidad total y 28% acompañaría a LLA con modificaciones.