Entrevista Radio Up
El Gobierno Nacional avanza con un plan para transferir la responsabilidad de las rutas nacionales a las provincias, sin asignar los fondos necesarios para su mantenimiento y operación. Esta iniciativa generó un fuerte rechazo desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que calificó la medida de ilegal e inconstitucional. José Rizzo, ingeniero y referente de la entidad, explicó las graves implicancias económicas y de seguridad vial que trae aparejada esta decisión.
Rizzo planteó que la propuesta del Ejecutivo Nacional no constituye una privatización, sino una derivación de obligaciones a los distritos sin el respaldo económico correspondiente. “En realidad ni siquiera es privatizar, o sea, le traslada todas las responsabilidades que tiene el Gobierno Nacional a la provincia sin trasladarle fondos, obviamente, para que las provincias se hagan cargo de algo que ya tiene sus fondos específicos y son el producido de los combustibles, el impuesto a los combustibles”, puntualizó el ingeniero. Destacó además que estos fondos se giran para otros fines, lo cual deja a las rutas “totalmente destruidas, totalmente sin mantenimiento y con los riesgos de accidentes que se presentan todos los días”.
Peajes, un impuesto al tránsito
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial dio a conocer un comunicado donde manifestó su rechazo y calificó de ilegal, inconstitucional e inoportuna la medida. Rizzo sostuvo que el argumento del gobierno, que habla de achicar impuestos, es contradictorio cuando genera nuevas cargas para los ciudadanos. “Empecemos por el principio, no son peajes, son impuestos, son impuestos al tránsito, no tienen rutas alternativas. Uno no tiene la posibilidad de elegir si quiere o no quiere pagar peaje, lo tiene que pagar por una imposición”, aseguró.
El referente del CONADUV advirtió sobre el impacto directo en la economía familiar si se aplicara esta medida en rutas provinciales y nacionales de manera conjunta. “Tal vez tendríamos que pagar peaje para salir a la puerta de nuestras casas, digo, si exageramos un poco la situación. Vamos a tener que ir a la ciudad o al pueblo vecino, vamos a pasar por un arco de peaje y vamos a ir pagando peajes”, graficó. En esa línea, cuestionó: “¿Qué va a pasar cuando el noventa o el cien por ciento del salario de cada individuo se pague en peajes? O sea, ¿Cómo vivimos? Cuando en realidad los impuestos están, los fondos están y lo único que hay que hacer es asignarlos como corresponde”.
Rizzo explicó que el planteo oficial, con la perspectiva de mejorar las rutas, resulta engañoso. De acuerdo con sus proyecciones, se duplicará la cantidad de cabinas de peaje en la red de nueve mil kilómetros prevista por el Estado Nacional. “Se triplican aproximadamente los costos en cada cabina, o sea que vamos a estar pagando alrededor de seis veces más de lo que estamos pagando ahora”, afirmó. Además, indicó que se cobrarán peajes en rutas que no presentan la cantidad de tránsito necesaria para que una empresa concesionaria sostenga el mantenimiento sin aplicar tarifas astronómicas.
Presupuesto insuficiente y sin mejoras
El ingeniero detalló la compleja situación de la red vial nacional. “Hoy nosotros tenemos más del sesenta y cinco por ciento de la red vial en estado regular o malo, con la gravedad que eso implica”, manifestó. Informó que, en épocas normales, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contó con presupuestos del orden de los dos mil millones de dólares anuales, monto suficiente para la construcción y conservación de caminos.
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Rizzo desmintió la afirmación del Gobierno Nacional sobre la ejecución de obras por administración. “Toda la construcción de caminos desde la década del sesenta las hacen empresas privadas, o sea, que eso de privatizar no es algo nuevo, nosotros lo venimos haciendo desde hace varias décadas”, aclaró. A pesar de esto, el presupuesto asignado hoy ronda los seiscientos cincuenta mil millones de pesos, que no alcanzan los quinientos millones de dólares. Sin embargo, el problema se agrava porque los fondos que realmente se derivan representan entre el veinte y el cuarenta por ciento de lo asignado, según el año. “Al final prácticamente lo que se gira es para pagar sueldos, algún material, un poco de combustible y nada más, con eso no se pueden mantener las rutas”, lamentó.
El especialista advirtió que las concesiones previstas para los nueve mil kilómetros de rutas no contemplan la ampliación de capacidad vial. “Vamos a tener un país que va a crecer a tasas chinas, de acuerdo a lo que dice el Presidente, y vamos a tener las rutas de hace varias décadas atrás, porque no van a tener una mejora”, concluyó. Asimismo, mencionó las dificultades operativas del personal de Vialidad Nacional, que trabaja en todo el país, pero a menudo carece de combustible o enfrenta demoras de hasta cuatro meses en el cobro de costos operativos.
