La provincia de Chaco se encuentra conmocionada tras el hallazgo de una red de engaños tejida por Lidia Mabel Ojeda, una profesora de artes plásticas de 43 años que ejerció ilegalmente la medicina en hospitales públicos. La mujer, que prestaba servicios de guardia en los nosocomios de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, huyó tras ser denunciada y sobre ella pesa ahora un pedido de captura nacional e internacional.
La investigación judicial determinó que Ojeda utilizaba la matrícula profesional correspondiente a otro médico para validar su actividad. Durante su desempeño en el sistema público, la falsa profesional no solo recetó medicación sin formación alguna, sino que también intervino en procesos administrativos críticos. El director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila, confirmó las irregularidades tras cotejar los datos del Ministerio de Salud Pública.
“La matrícula MP 6822, con la que Ojeda atendía a los pacientes, pertenecía en realidad a otro profesional, el doctor Horacio Daniel Vázquez”, señalaron las fuentes oficiales al momento de radicar la denuncia. La sospecha inicial nació de una enfermera que detectó inconsistencias técnicas en el proceder de la supuesta médica.
Tras el escándalo, la justicia ordenó allanamientos en el barrio San Cayetano, donde residía la investigada. En el domicilio, los efectivos policiales secuestraron uniformes, instrumental quirúrgico y documentación de pacientes. Sin embargo, Ojeda no fue localizada. Los investigadores sospechan que la mujer aprovechó sus vínculos familiares para cruzar hacia la provincia de Formosa o incluso hacia el Paraguay, su país de origen.
La gravedad del caso escaló al revisarse los registros de los hospitales, donde se constató que la docente firmó al menos nueve actas de defunción durante su paso por las guardias. Por este motivo, la fiscalía a cargo de Gustavo Valero investiga si existe una relación directa entre su mala praxis y el fallecimiento de pacientes bajo su cargo. Actualmente, la imputación incluye los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título, a la espera de pericias que determinen responsabilidades en las muertes registradas.
Fuente: Clarín
