Una presentación judicial exige la restitución del acceso a Casa Rosada para dos periodistas acreditadas. La demanda considera la medida “ilegítima y arbitraria”, y advierte sobre la vulneración de la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
Un grupo de abogados presentó un amparo contra el Estado nacional y pidió la restitución del acceso de periodistas a la Casa Rosada. El Gobierno nacional retiró las acreditaciones de las profesionales de prensa y bloqueó su ingreso a la sede del Poder Ejecutivo.
La presentación judicial incluye una medida cautelar innovativa urgente. Solicitó la rehabilitación inmediata del ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes cubren la actividad oficial desde hace años. Ambas contaban con acreditación permanente. Sin embargo, el pasado 23 de abril, les impidieron el acceso cuando intentaron ingresar a Balcarce 50.
Según detalló la demanda que presentó el medio Ámbito, personal de Casa Militar informó a las profesionales en ese momento que eliminaron sus huellas digitales del sistema. Esta acción les impidió continuar con su tarea habitual.
Vulneración de derechos
La demanda sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo resultó “ilegítima y arbitraria”. Apuntó contra distintos organismos involucrados en el control de accesos y la política de comunicación oficial, entre ellos la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.
El planteo judicial advirtió que la medida vulnera derechos constitucionales, como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley. Además, señaló que la restricción no solo afecta a las periodistas directamente involucradas, sino también al derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno.
El escrito remarcó que las profesionales Liliana Franco y Cecilia Camarano estaban debidamente registradas y cumplieron todos los requisitos administrativos exigidos para mantener las acreditaciones vigentes.
Como parte del contexto, la demanda mencionó declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari. El funcionario sostuvo públicamente que la decisión de retirar las huellas dactilares a periodistas acreditados se adoptó de manera preventiva ante una denuncia por presunto espionaje ilegal.
Frente a esa situación, la demanda solicitó a la Justicia que ordene de manera urgente la restitución del acceso para que las periodistas puedan retomar sus tareas de cobertura en la Casa Rosada.
Por otra parte, el planteo incorporó pronunciamientos de entidades periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Ambas manifestaron su preocupación por las restricciones al acceso de la prensa a la sede del Poder Ejecutivo.
Finalmente, el amparo pidió que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la medida y garantice el restablecimiento de las acreditaciones. Este caso vuelve a poner en discusión los límites al trabajo periodístico en ámbitos oficiales.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
