La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevos documentos que detallan los gastos de sus vacaciones familiares en Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025. La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete desembolsó casi 15 mil dólares entre hoteles y pasajes, mientras avanza el análisis de su patrimonio, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.
La Justicia confirmó que Manuel Adorni abonó 8.874 dólares por su alojamiento en dos hoteles de Aruba durante el viaje que realizó junto a su familia entre fines de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025. A ese monto se suman otros 5.800 dólares correspondientes a los pasajes aéreos, lo que eleva el costo total de esas vacaciones a 14.696 dólares.
La información fue incorporada al expediente de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita y que también investiga otras operaciones patrimoniales del funcionario nacional.
Dos hoteles y un viaje al Caribe
De acuerdo con lo confirmado en la causa, el entonces vocero del Gobierno se hospedó primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con régimen de desayuno incluido.
Posteriormente, se alojó en el Divi Dutch Village Resort desde el 3 hasta el 9 de enero de 2025.
El total desembolsado por ambas estadías fue de 8.874 dólares, según la documentación incorporada al expediente judicial.
Los pasajes y el detalle del traslado
A esos gastos se suman los pasajes aéreos, adquiridos a través de la aerolínea LATAM Airlines.
Según consta en la investigación, Adorni viajó con su familia en diciembre de 2024 y pagó 1.450 dólares por persona, totalizando 5.800 dólares por los cuatro tickets.
El expediente también detalla que el vuelo de ida realizó una escala en Perú y el regreso incluyó una parada en Ecuador. Además, la aerolínea informó que los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo.
El viaje completo se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025.
La Justicia analiza si los gastos son compatibles con sus ingresos
La fiscalía busca determinar si ese nivel de gastos puede justificarse con los ingresos declarados por el funcionario.
Cuando realizó ese viaje, Adorni se desempeñaba como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei y, según consta en la causa, su salario estaba congelado y rondaba los 3 millones de pesos mensuales hasta diciembre del año pasado.
Por ese motivo, la Justicia puso la lupa sobre sus consumos en blanco, movimientos financieros y estilo de vida.
Días atrás, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permite acceder a información detallada sobre transferencias, consumos y patrimonio.
Operaciones inmobiliarias bajo revisión
En paralelo, la fiscalía también avanza sobre otras operaciones en dólares vinculadas al funcionario.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, adquirido por 230.000 dólares.
Para concretar esa operación, Adorni recibió una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por las vendedoras, lo que lo obligó a cubrir una diferencia inicial de 30.000 dólares.
Este miércoles declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas prestamistas, quien reveló que Adorni aún le debe otros 65.000 dólares por el arreglo de ese departamento.
La casa en el country y otra hipoteca
También figura en el expediente la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, valuada en 120.000 dólares.
Según la causa, 100.000 dólares provinieron de una hipoteca previa sobre un departamento ubicado en la calle Asamblea, mientras que los 20.000 restantes fueron aportados al momento de la operación.
Esa misma hipoteca volvió a aparecer en la reconstrucción patrimonial: en noviembre de 2025, Adorni realizó un pago de 30.000 dólares para cancelar parte de esa deuda, aunque el saldo aún continúa vigente bajo las condiciones originales.
Con estos nuevos datos, la fiscalía continúa reconstruyendo el circuito financiero del funcionario para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el patrimonio acumulado.
