El Poder Judicial de Misiones avanza en la adecuación del sistema al nuevo Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia el 5 de septiembre, en el marco de la Ley 27.801. La implementación implicará cambios en la intervención sobre adolescentes de entre 14 y 18 años, junto con nuevas herramientas de seguimiento y medidas alternativas a la detención.
En ese contexto, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, explicó cómo se encara la transición y señaló que el eje inicial está puesto en el análisis del funcionamiento actual. “Nosotros estamos preparándonos, en principio escuchando a aquellos que son los operadores, como decimos, son los jueces que entienden de estas cuestiones, que saben cuáles son las fallas del sistema, que saben cuáles son las debilidades, que saben cuáles son nuestras fortalezas”, sostuvo.
En la misma línea, remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre instituciones. “Ante la crisis, imaginación, mucha imaginación y buscar respuestas o alternativas o soluciones en conjunto, articuladamente, porque para eso somos una sociedad que tiene tres poderes que caminan por distintos andariveles, pero en definitiva velamos por la gente”, afirmó.
El nuevo régimen establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que ampliará el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal. Sobre ese punto, la titular del STJ advirtió que el desafío no se limita a la norma sino a su aplicación. “Esos cambios no te diría complicados, pero necesitan de mucha creación, especialmente porque en la nueva ley se prevé al cuidador, algo así como el vigilante”, explicó.
Según detalló, el esquema apunta a un modelo con intervención social. “El niño que entra en este circuito necesita de alguien que una vez que se le imponga —nosotros apostamos por lo que llamamos justicia restaurativa— que es restaurar el orden, no condenarte, sino darte una pena que implique un apoyo a la sociedad. Y bueno, alguien tiene que controlar eso”, indicó.
En ese sentido, enumeró algunas de las pautas previstas: “Que hagas deporte, que completes la escuela, que no faltes a la escuela, que concurras al lugar donde decís que vas a concurrir”. A su vez, advirtió sobre el contexto de los casos que llegan al sistema: “Lamentablemente en el medio hay mucha adicción, hay mucho problema familiar, hay mucha violencia y todo eso hay que tratar de compatibilizar”.
La implementación también impactará en organismos en funcionamiento. “El CEMOAS y los jueces correccionales hacen un montón, no quiere decir que no se está haciendo. El problema es que al bajar la edad vamos a tener muchos más que van a entrar”, señaló.
En paralelo, el aspecto presupuestario aparece como una de las principales limitaciones. Consultada sobre infraestructura y la posibilidad de crear espacios específicos para menores, Venchiarutti Sartori fue directa: “No alcanza. Lo que ha informado Nación no alcanza. Porque hay que repartir entre las provincias y no alcanza”.
A nivel local, describió la situación actual del sistema de detención. “La provincia no puede absorber, nosotros tenemos colapsados los centros de detención. No se olviden que en algunos lugares compartimos con los juzgados federales”, precisó.
Finalmente, planteó el objetivo del nuevo esquema y una advertencia sobre su implementación. “Lo que no queremos es que esta nueva ley sea una maestría en delincuencia. Lo que sí queremos es la reinserción de esa criatura o de ese niño o de ese adolescente que cometió una infracción o violó la ley”, concluyó.
La Ley 27.801, promulgada en marzo de este año, establece un sistema de intervención progresiva que prioriza medidas alternativas a la privación de la libertad, fija un máximo de 15 años de encierro para adolescentes y prohíbe la prisión perpetua. Además, incorpora instancias de mediación, seguimiento interdisciplinario y pautas de protección de derechos durante el proceso.
Para su implementación inicial, el presupuesto nacional asignado asciende a $23.739.155.303,08, destinado a infraestructura, personal especializado y puesta en marcha del nuevo esquema. No obstante, las provincias deberán complementar con recursos propios para adecuar sus estructuras judiciales y administrativas.
