El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, avanzó con un giro judicial determinante. Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal. En ella solicitó la inmediata imputación y detención del padrastro Maicol González y de la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano.
Tras ese presentación, Mariela Altamirano, madre de Ángel, y su pareja, Maicol González, fueron arrestados durante la noche de este domingo en un departamento ubicado en la calle San Martín, donde se encontraban alojados de manera temporal.
La acusación que pesa sobre ambos es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. El documento que la querella entregó a la fiscalía describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según esta presentación, la muerte de Ángel no fue un hecho aislado, sino el desenlace de meses de maltrato físico y desamparo institucional.
La autopsia preliminar resultó una pieza clave en la investigación, pues reveló lesiones traumáticas en la región craneal. Los peritos indicaron que las heridas son incompatibles con una muerte natural o accidental y, por el contrario, coinciden con un episodio de violencia física de gran intensidad. A este dato se suma el testimonio de vecinos que aseguraron que escucharon gritos del menor. También presenciaron episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminó a González: “¡Vos le pegás al mío!”.
La “Ley Lucio” y la responsabilidad de los funcionarios
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostuvo que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.
La cronología de los hechos que expuso el abogado es estremecedora. El sistema judicial ya había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica porque consideró que su entorno no era seguro. Además, en febrero de 2026, el Juez Pérez y la Asesora Roldán escucharon personalmente al niño en una audiencia. Allí, Ángel expresó con claridad que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. A pesar de su testimonio, no se dictó ninguna medida de protección.
Finalmente, en marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño. Esta medida lo dejó solo con sus presuntos agresores semanas antes de su muerte. Castillo trazó un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy y señaló que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).
La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas que indican que los imputados quemaron prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. También existiría un plan de fuga hacia El Dorado, Misiones, que Altamirano gestionó a través de un familiar. “Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, concluyó la denuncia.
Con información de Noticias Argentinas.
